El Gobierno del Estado reforzó su postura de cero tolerancia contra unidades fuera de norma, al advertir que concesionarios y permisionarios que incumplieron con la modernización enfrentarán sanciones conforme a la ley, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias usuarias.
El gobernador Alejandro Armenta subrayó que el Programa de Modernización y Regularización no tiene fines recaudatorios, prueba de ello —dijo— son las facilidades fiscales, la reducción de trámites burocráticos y los esquemas de financiamiento para la renovación vehicular. “Todas las acciones buscan cuidar a los usuarios y respaldar a los transportistas”, afirmó.
El mandatario recalcó que un vehículo sin permiso vigente representa un riesgo directo, especialmente cuando traslada a niñas, niños o personas adultas mayores. En ese sentido, reiteró que el apoyo estatal está enfocado en pequeños concesionarios, mientras que grandes flotillas cuentan con capacidad propia para acceder a créditos.
Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, informó que tras la revisión del padrón se identificaron 24 mil 730 registros vigentes, de los cuales 21 mil 786 cumplieron con los trámites establecidos por la normatividad, incluyendo revista vehicular y censo.
Detalló que 3 mil 137 unidades no realizaron la revisión obligatoria, lo que las hace susceptibles de revocación; sin embargo, por instrucción del Ejecutivo estatal, se permitirá su regularización mediante el pago de la infracción correspondiente, como una medida de sensibilidad institucional.
La funcionaria aclaró que no se trata de una prórroga, y advirtió que quienes no acudan voluntariamente enfrentarán la sanción máxima. Las multas serán de 165 UMAS si se presenta directamente el concesionario y de 245 UMAS si la unidad es detectada en operativos.
Asimismo, anunció la implementación de operativos estratégicos permanentes y confirmó el retiro de circulación de vehículos sin placas actualizadas o documentación vigente. Quedarán excluidos quienes estén en proceso legal de cesión de derechos o en trámite para recibir el apoyo del 20 por ciento a fondo perdido del programa estatal.
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