En las últimas semanas, diez funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla fueron dados de baja debido a inconsistencias detectadas en su desempeño. La medida se tomó tras una auditoría interna impulsada directamente por el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien subrayó que la revisión fue decisión propia y no por influencia externa.
Durante la conferencia de prensa, el gobernador explicó que la auditoría fue necesaria porque, a lo largo de varios sexenios, la SEP operó en condiciones que favorecían prácticas corruptas, desviándose de su misión principal de garantizar la calidad educativa y la correcta asignación de plazas docentes.
El objetivo de esta revisión fue asegurar la correcta entrega de plazas a maestros, por lo que dichos procesos se detuvieron temporalmente mientras se completaba la auditoría.
Por otro lado, la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Stephanie Pérez Calderón, informó que continúa el proceso para recuperar más de 600 millones de pesos vinculados al caso Accendo. La funcionaria detalló que ex servidores públicos involucrados han interpuesto recursos de apelación tras las sentencias dictadas el año pasado.
Aunque no se mencionaron nombres, se sabe que María Teresa Castro Corro, ex secretaria de Finanzas, y Enrique Girón Zenil, ex subsecretario de Egresos, fueron responsables de la pérdida de los recursos. El Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla determinó multar a Castro Corro con 362 millones 997 mil 678 pesos y la inhabilitó por 20 años, mientras que Girón Zenil recibió una multa de 241 millones de pesos y 15 años de inhabilitación.
Estas acciones reflejan un esfuerzo de la administración estatal por fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en la SEP, con el objetivo de que la institución cumpla plenamente su misión educativa.
Foto: Redes
