Ghislaine Maxwell, excolaboradora de Jeffrey Epstein, se negó a responder preguntas del Congreso de Estados Unidos, al acogerse a su derecho constitucional a no autoincriminarse durante una comparecencia a puerta cerrada solicitada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
La exsocialité británica, condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual, fue interrogada vía videollamada desde una prisión federal, donde los legisladores buscaban esclarecer el funcionamiento de la red de abusos sexuales encabezada por Epstein y sus vínculos con figuras influyentes.
De acuerdo con su defensa, Maxwell optó por el silencio debido a que aún mantiene recursos legales activos para impugnar su condena. Su abogado, David Oscar Markus, explicó públicamente que la excolaboradora de Epstein enfrenta un proceso de hábeas corpus que, según sostiene, demuestra que su juicio fue injusto desde su origen.
El defensor argumentó que existen documentos recientemente revelados que evidenciarían irregularidades graves, como presuntas mentiras de algunos jurados durante el proceso de selección y supuestos compromisos de inmunidad a testigos que no habrían sido respetados por el gobierno estadounidense. En ese contexto, señaló que cualquier declaración podría perjudicar las acciones legales aún en curso.
Sin embargo, la defensa dejó abierta la posibilidad de que Maxwell declare, siempre y cuando reciba un indulto presidencial. Markus afirmó que su clienta estaría dispuesta a colaborar plenamente y ofrecer un relato completo de los hechos si el presidente Donald Trump le concede el perdón.
Incluso, el abogado aseguró que Maxwell podría explicar por qué figuras como Donald Trump y Bill Clinton no tendrían responsabilidad penal en el caso, insistiendo en que su testimonio permitiría aclarar señalamientos que han marcado la discusión pública durante años.
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el ala demócrata, legisladores como Melanie Stansbury consideraron que la actitud de Maxwell forma parte de una estrategia para presionar por clemencia, y denunciaron un presunto encubrimiento institucional en uno de los mayores escándalos de tráfico sexual en la historia reciente del país.
Otros congresistas describieron su comportamiento durante la videollamada como frío y carente de arrepentimiento, mientras que en el Partido Republicano también surgieron voces contrarias a cualquier tipo de perdón. La legisladora Anna Paulina Luna expresó de forma tajante que Maxwell debe cumplir su condena sin concesiones.
A la crítica política se sumaron familiares de Virginia Giuffre, una de las víctimas más visibles de Epstein, quienes difundieron una carta en la que rechazaron cualquier intento de presentar a Maxwell como una figura secundaria, subrayando su papel central en la captación y abuso de menores.
Pese a que Maxwell es la única persona condenada formalmente por delitos relacionados con Epstein, el Congreso continúa revisando archivos desclasificados del Departamento de Justicia que podrían revelar nuevas conexiones entre el financiero y personajes influyentes, reavivando la presión pública por mayor transparencia y rendición de cuentas.
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