Por tercera ocasión fue pospuesta la audiencia inicial contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien enfrenta una nueva acusación por el presunto desvío de recursos públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarle el delito de peculado por 5 millones de pesos, recursos que en 2012 estaban destinados a un fondo de apoyo para personas con discapacidad.
La diligencia estaba programada para este lunes en los juzgados federales ubicados en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México. Sin embargo, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó diferirla nuevamente debido a la inasistencia de los abogados defensores del exmandatario.
Durante la sesión, el juzgador señaló que “prevalece la sistemática inasistencia de la defensa con efectos dilatorios”, y calificó como inusual la reiterada ausencia de los representantes legales.
Desde el pasado 22 de enero, la audiencia ha sido reprogramada en distintas ocasiones. El expediente fue judicializado en noviembre del año pasado, pero la defensa ha argumentado diversos impedimentos, incluidos problemas de salud.
En esta ocasión, Duarte explicó que sus abogados particulares, Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Hope Arteaga, no acudieron por encontrarse hospitalizados, por lo que solicitó aplazar nuevamente la diligencia.
El exgobernador rechazó ser representado por un abogado de la Defensoría Pública, al insistir en su derecho a contar con defensa privada y negar que exista una intención de retrasar el proceso.
Podría enfrentar hasta 14 años de prisión
El juez advirtió que, si el próximo jueves a las 9:15 horas no se presentan los abogados particulares, se le asignará un defensor de oficio para continuar con la audiencia inicial.
Por su parte, el Ministerio Público federal sostuvo que cuenta con elementos de prueba suficientes para formular la imputación por el presunto desvío de 5 millones de pesos.
De confirmarse la acusación, Javier Duarte podría enfrentar hasta 14 años de prisión, conforme a lo previsto para el delito de peculado en la legislación vigente.
La definición del caso quedará en manos del juez este jueves, cuando se determine si la audiencia finalmente puede llevararse a cabo y bajo qué condiciones procesales avanzará la causa penal.
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