La recuperación de más de 200 concesiones mineras improductivas anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum no es un hecho aislado ni meramente administrativo: marca un punto de quiebre frente al modelo de concesionamiento masivo que caracterizó a los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el subsuelo nacional fue entregado de manera extensiva a intereses privados, en muchos casos sin producción, sin beneficio social y con graves impactos ambientales.
Sheinbaum informó que la devolución de los títulos se realizó de forma voluntaria por parte de los concesionarios, lo que permite al Estado recuperar el control de territorios que permanecían ociosos. La medida busca frenar el acaparamiento de tierras y reafirmar que los recursos naturales deben estar al servicio del desarrollo nacional y no de la especulación.
El auge concesionario del neoliberalismo: tierra entregada, riqueza concentrada
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012), el Estado mexicano otorgó más de 12 mil concesiones mineras, abarcando decenas de millones de hectáreas del territorio nacional. Este periodo es considerado el punto más alto del modelo extractivo neoliberal, en el que grandes extensiones quedaron bajo control privado por décadas, incluso sin actividad productiva real.
Con Enrique Peña Nieto (2012–2018) el ritmo de concesionamiento disminuyó, pero no se revirtió el modelo. Se otorgaron más de 5 mil nuevas concesiones, manteniendo intacto el esquema que permitió que cerca del 30 por ciento del territorio nacional estuviera concesionado para actividades mineras, en su mayoría a empresas extranjeras, particularmente canadienses.
En ambos sexenios, las concesiones se entregaron bajo una lógica de mercado que privilegió la inversión privada por encima del interés público. Las comunidades afectadas denunciaron contaminación, despojo territorial y ausencia de beneficios locales, mientras el Estado renunciaba en los hechos a su papel rector sobre el subsuelo.
La Cuarta Transformación y el giro hacia la soberanía minera
A diferencia de ese periodo, el gobierno de la Cuarta Transformación, iniciado en 2018 y profundizado ahora por Sheinbaum, cerró la puerta al otorgamiento indiscriminado de nuevas concesiones y comenzó un proceso de revisión del marco extractivo. La recuperación de títulos improductivos se inscribe en esa lógica: la tierra que no produce ni beneficia al país regresa a la nación.
En paralelo, la presidenta confirmó que México sostiene diálogos con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea sobre minerales estratégicos, pero dejó claro que no existe ningún acuerdo firmado y que cualquier entendimiento respetará estrictamente la soberanía nacional. Subrayó que las labores de exploración estarán a cargo de instituciones públicas mexicanas, descartando esquemas de investigación conjunta que comprometan la autonomía del país.
Sheinbaum también rechazó que su administración esté impulsando un nuevo ciclo de extractivismo agresivo. Reconoció que minerales como el oro y la plata son insumos clave para la industria tecnológica contemporánea, pero afirmó que su aprovechamiento se realizará bajo criterios de responsabilidad social, ambiental y de utilidad pública.
Del libre mercado al interés nacional
En el marco del T-MEC, el Gobierno mexicano trabaja en un plan de corto plazo para fortalecer las cadenas regionales de suministro en sectores como el automotriz y el electrónico, sin ceder el control de los bienes comunes. El objetivo, según la presidenta, es evitar que México quede reducido a proveedor de materias primas y avanzar hacia una industria soberana con valor agregado.
Actualmente, las empresas canadienses concentran alrededor del 70 por ciento de la inversión extranjera en minería, por lo que la recuperación de concesiones improductivas envía una señal clara: el Estado mexicano recupera su capacidad de decisión sobre el uso del territorio y los recursos estratégicos.
Con esta política, el gobierno de Sheinbaum establece un contraste directo con los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Mientras entonces se privilegió la entrega masiva del subsuelo al capital privado, hoy se apuesta por una gestión soberana, con límites claros, orientación social y responsabilidad ambiental. La riqueza minera deja de ser botín de mercado para volver a concebirse como patrimonio colectivo de la nación.
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