El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla analiza los recursos de apelación presentados por exfuncionarios vinculados a la inversión irregular de 606 millones de pesos en Accendo Banco, operación que derivó en la pérdida de los fondos por falta de liquidez de la institución. Entre los apelantes se encuentra María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas durante la administración de Miguel Barbosa, quien busca revertir tanto la multa de 362.9 millones de pesos como la inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos.
Según explicó la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Daniela Pérez Calderón, el Tribunal mantiene el caso en revisión, evaluando los argumentos de la defensa y suspendiendo temporalmente la ejecución de la sentencia definitiva hasta emitir un fallo firme. La funcionaria enfatizó que el gobierno permanece atento a las decisiones judiciales para asegurar la recuperación de los recursos públicos y la aplicación de la ley.
El origen del conflicto se remonta a la inversión irregular en Banco Accendo en 2021, que generó un quebranto patrimonial significativo. La sanción inicial dictada por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativa del TJA fue considerada la más severa aplicada hasta ahora contra exfuncionarios barbosistas, al combinar la multa económica con la prohibición de ejercer cargos públicos.
Más allá del daño financiero directo de Accendo, el expediente administrativo incluye investigaciones adicionales sobre depósitos en otros brókers y omisiones en litigios fiscales, que podrían implicar afectaciones por más de 2 mil millones de pesos al erario estatal. Esto evidencia que los exfuncionarios no solo enfrentan sanciones por la operación fallida de Accendo, sino también por otras irregularidades financieras durante la administración anterior.
El Tribunal de Justicia Administrativa deberá ahora determinar si ratifica, modifica o revoca la sentencia de la Sala Especializada. Mientras tanto, el gobierno estatal insiste en agotar todas las instancias legales para garantizar que la responsabilidad por el quebranto financiero sea debidamente sancionada, manteniendo los principios de transparencia y rendición de cuentas que caracterizan a la actual administración.
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