El Ayuntamiento de Puebla mantiene en análisis un adeudo superior a 93 millones de pesos heredado de la pasada administración panista, recursos que aún no se han liberado debido a la necesidad de revisar su legalidad y asegurar que no existan irregularidades. Este monto forma parte de un panorama financiero más amplio, conocido como el “hoyo financiero”, que representa compromisos pendientes y pasivos que la actual administración debe manejar con cuidado para garantizar que el uso de recursos públicos cumpla con la normatividad vigente.
El regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, señaló que esta cifra continúa registrada como pasivo en instituciones bancarias y que su destino aún no se ha definido. Según explicó, el gobierno municipal está evaluando si procede efectuar los pagos a los proveedores o, en caso de identificar inconsistencias, descartar su liquidación. Este análisis es indispensable para asegurar que el manejo del dinero público sea transparente y que no se realicen erogaciones indebidas que puedan generar responsabilidades futuras para el Ayuntamiento.
El cabildante detalló que estos recursos estaban originalmente destinados a cubrir compromisos con proveedores que no fueron liquidados durante la administración anterior. No obstante, los expedientes presentan inconsistencias y carecen de soporte documental completo, lo que ha impedido a la Tesorería autorizar los pagos de manera inmediata. Esto significa que cada expediente debe ser revisado a fondo, cotejando que la información corresponda con los contratos y comprobantes legales existentes, para evitar posibles errores o pagos improcedentes.
Rodríguez Juárez enfatizó que la Tesorería Municipal tendrá un papel central en la revisión de cada expediente, asegurando que todas las empresas involucradas cumplan con los requisitos legales y contractuales. Además, destacó que el gobierno municipal está tomando precauciones para evitar cualquier erogación indebida, actuando con responsabilidad financiera y bajo la premisa de que los recursos públicos deben gestionarse de manera prudente y transparente, protegiendo los intereses de la ciudadanía.
Asimismo, el regidor indicó que la intención de la administración es resolver este tema durante el presente año; sin embargo, advirtió que si no se logra determinar la legalidad de los expedientes, los casos pendientes serán turnados a la Contraloría Municipal en 2026 para una investigación exhaustiva. Esto permitirá a la autoridad fiscalizadora emitir un dictamen sobre la procedencia de los pagos y, en su caso, tomar las medidas legales correspondientes para asegurar que los recursos públicos se manejen correctamente.
El adeudo forma parte del boquete financiero heredado
Los 93 millones de pesos forman parte de un hoyo financiero estimado en 547 millones de pesos, cifra atribuida al gobierno encabezado por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez. Este déficit no solo representa compromisos pendientes de pago, sino que también refleja la necesidad de revisar cómo se gestionaron los recursos en la administración anterior y garantizar que las obligaciones legales sean cumplidas sin poner en riesgo las finanzas municipales.
De acuerdo con información previamente proporcionada por el tesorero municipal, Héctor González Cobian, la administración saliente dejó alrededor de 400 expedientes pendientes de pago relacionados con obras y servicios públicos, incluyendo telefonía, energía eléctrica e internet. La acumulación de estos compromisos refleja la magnitud del “hoyo financiero” y la complejidad que implica su revisión y posible liquidación, dado que cada expediente debe cumplir con requisitos específicos antes de autorizar cualquier desembolso.
Incluso, se confirmó que al menos cuatro empresas no recibirán el pago correspondiente debido a incumplimientos contractuales, entre ellas proveedores vinculados a áreas como Administración y Tecnologías de la Información, así como Servicios Públicos. Esta situación evidencia que no todos los compromisos pueden ser saldados de manera automática y que es necesario un control riguroso para evitar pagos improcedentes, protegiendo así los recursos de la ciudadanía.
El gobierno municipal mantiene bajo resguardo los recursos mientras determina su procedencia legal, en medio de un proceso de revisión que podría derivar en investigaciones formales. Este enfoque refleja la intención de la administración de actuar con responsabilidad y transparencia, buscando equilibrar la necesidad de pagar a los proveedores legítimos con la obligación de garantizar que cada peso del presupuesto público sea utilizado de manera correcta y conforme a la ley.
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