Los ataques con drones contra militares en México dejaron de ser hechos aislados y se consolidan como una nueva forma de violencia. En 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró 16 agresiones con aeronaves no tripuladas y explosivos improvisados en Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua.
El informe oficial revela que Michoacán fue el estado más golpeado, con siete ataques, principalmente en la región de Tierra Caliente. Apatzingán, Buenavista, Aquila, Zitácuaro y Cotija fueron escenarios de estas agresiones, que muestran cómo la violencia se adapta a nuevas tecnologías.
En Sinaloa se documentaron cuatro ataques, tres en Culiacán y uno en Badiraguato, en medio de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. También se reportaron agresiones en Sonora y Tamaulipas, evidenciando que el fenómeno se extiende a distintas regiones del país.
Aunque la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) regula el uso de drones, especialistas advierten que la normativa es insuficiente. “La regulación aún es incipiente y tiene muchos puntos a afinar”, señaló Fernando Gómez, experto en el sector.
En 2024 se reformó el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para sancionar el uso indebido de drones. Las penas van de 15 a 40 años de prisión, con el máximo castigo cuando las agresiones se dirigen contra integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad pública.
La violencia con drones refleja la capacidad de los grupos criminales para incorporar nuevas tecnologías en sus estrategias, mientras el Estado mexicano enfrenta el reto de regular y contener un fenómeno en expansión.
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Fotografía: Redes
