SpaceX negó las acusaciones del gobierno mexicano sobre contaminación con desechos espaciales en la frontera norte, tras la explosión del prototipo 36 de la nave Starship ocurrida el pasado 19 de junio.
La presidenta Claudia Sheinbaum denunció que la zona fue contaminada con piezas del cohete, que terminaron esparciéndose en playas, campos de cultivo y el río Bravo, en el estado de Tamaulipas. El incidente involucra la caída de al menos 12 tanques propulsores que llegaron a la playa Bagdad, en Matamoros.
SpaceX respondió que los materiales no representan riesgo químico, biológico ni toxicológico, basándose en análisis previos realizados sobre los restos de la nave. En un comunicado difundido en la red social X —también propiedad de Elon Musk— la empresa aseguró: “No existen riesgos para el área circundante”.
La compañía también argumentó que los escombros siguen siendo de su propiedad, y que sus tareas de recuperación se han visto limitadas por la interferencia de terceros no autorizados. “Hemos solicitado asistencia local y federal del Gobierno de México […] y ofrecido recursos para las labores de limpieza”, detalló la firma.
El gobierno mexicano, por su parte, investiga si SpaceX violó leyes internacionales. La presidenta Sheinbaum confirmó que se revisan los impactos ambientales de los lanzamientos y las responsabilidades legales que podrían derivarse.
Starbase, la base de operaciones de SpaceX, se encuentra a solo 40 kilómetros de la frontera mexicana, frente al Golfo de México. Tras la explosión, Musk aseguró que no había riesgos para la población y pidió a la gente no acercarse a los restos del cohete.
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