En el último trimestre de 2025, el Poder Judicial del estado de Puebla emitió un total de 1,599 sentencias tras la celebración de juicios orales, consolidando un panorama judicial donde los delitos de robo y violencia familiar se destacan como los más sancionados. Esta información proviene del informe trimestral del Poder Judicial, que refleja la dinámica de la justicia en la entidad durante esos tres meses.
Durante los meses de octubre a diciembre, 387 personas fueron sancionadas por robo, posicionando a este delito como el más castigado en el periodo, lo que evidencia la atención que los tribunales otorgan a los ilícitos que afectan directamente la seguridad de la ciudadanía. Por su parte, la violencia familiar alcanzó 370 sentencias, mostrando un patrón de incremento sostenido que coincide con el aumento de denuncias registradas desde el año anterior.
Complementando estos datos, la Fiscalía General del Estado reportó que se iniciaron 2,622 carpetas de investigación por violencia familiar en los mismos tres meses, lo que refleja no solo la magnitud de este problema social, sino también el esfuerzo institucional por atenderlo a través de procesos judiciales formales.
Otros delitos, aunque menos frecuentes, también recibieron sanciones: narcomenudeo con 328 sentencias, lesiones con 277, daño a propiedad ajena con 109, homicidio con 77, violación con 28, secuestro con 13 y feminicidio con 11. Estas cifras muestran que, mientras los delitos graves reciben atención, los ilícitos cotidianos concentran la mayor parte de la actividad judicial.
El informe permite observar que los delitos que afectan la vida cotidiana y la convivencia familiar ocupan un lugar prioritario en la agenda judicial, lo que refleja la necesidad de mantener mecanismos de prevención y sanción eficientes. Además, la información subraya la relevancia de contar con procesos judiciales ágiles que respondan a la demanda social de justicia y protección.
El Poder Judicial enfatiza la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y la eficacia en la aplicación de sanciones, especialmente en los delitos que impactan de manera directa la seguridad y el bienestar de los poblanos, garantizando así la integridad de los hogares y el respeto a los derechos de la ciudadanía.
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