La jornada informativa que siguió al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo estuvo marcada por comunicados oficiales y reportes de seguridad. También fue escenario de una ola de desinformación que se propagó con rapidez en redes sociales y aplicaciones de mensajería, generando temor en distintos puntos del país, particularmente en la Ciudad de México y el occidente del país.
En cuestión de horas comenzaron a circular mensajes que anunciaban cierres de universidades, supuestos desplazamientos de células criminales y presuntos bloqueos en colonias donde no existía ningún operativo confirmado. La velocidad con la que se difundieron estos contenidos evidenció, una vez más, la fragilidad del ecosistema digital frente a eventos de alto impacto.
Universidades “cerradas” y el miedo amplificado
Uno de los rumores más extendidos fue el supuesto cierre inmediato de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En cadenas de WhatsApp y publicaciones en Facebook se aseguraba que planteles habían suspendido clases ante un “riesgo inminente” derivado de posibles represalias del crimen organizado. La institución no emitió ningún comunicado que respaldara esa versión y las actividades académicas continuaron con normalidad.
Algo similar ocurrió con la Universidad Iberoamericana (IBERO). Circularon capturas de pantalla que supuestamente mostraban avisos internos anunciando el cierre del campus Santa Fe. La universidad desmintió el contenido y aclaró que se trataba de imágenes manipuladas. No hubo suspensión generalizada de actividades ni indicios de amenaza directa.
En paralelo, comenzó a difundirse que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) había cancelado vuelos por “alerta roja” ante posibles ataques o disturbios. Usuarios compartieron supuestas fotografías de salas vacías y pantallas con vuelos cancelados, pero la terminal aérea mantuvo operaciones regulares. Las cancelaciones que se registraron correspondieron a factores logísticos habituales y no a un cierre por motivos de seguridad vinculados con el abatimiento.
Otro mensaje ampliamente replicado afirmaba que el Metro de la Ciudad de México suspendería servicio en varias líneas “por instrucción federal”. No existió anuncio oficial en ese sentido. El transporte operó conforme a sus horarios normales, aunque con presencia policial preventiva en algunas estaciones, medida que fue interpretada en redes como confirmación de un supuesto estado de emergencia.
La repetición de estos mensajes tuvo un efecto concreto: padres de familia y estudiantes comenzaron a llamar a las instituciones para confirmar información; pasajeros modificaron itinerarios; trabajadores regresaron a casa antes de tiempo. La desinformación no solo circuló: alteró rutinas y generó un clima de ansiedad innecesaria.
“El cártel llegó a Tlalpan” y los audios del pánico
Otro de los contenidos que ganó tracción fue la afirmación de que “el cártel había llegado a Tlalpan”. Publicaciones sin fuente verificable hablaban de camionetas sospechosas, hombres armados y presuntos cateos en colonias del sur de la capital. No existió confirmación oficial sobre operativos extraordinarios en esa alcaldía vinculados con el abatimiento.
En Jalisco y Guanajuato circularon además videos de bloqueos e incendios de vehículos que, según los mensajes que los acompañaban, eran “reacción inmediata” a la muerte del líder criminal. Sin embargo, varios de esos materiales correspondían a hechos ocurridos meses o incluso años atrás, reutilizados fuera de contexto para reforzar la narrativa de caos generalizado.
También se difundieron audios anónimos que advertían sobre toques de queda “no oficiales”, recomendaciones de abastecerse de víveres y la inminencia de enfrentamientos masivos. Las grabaciones reproducían un patrón: tono urgente, referencias imprecisas a “fuentes militares” y llamados a compartir “antes de que lo borren”. Ninguno provenía de autoridades identificables.
Especialistas en comunicación digital coinciden en que este tipo de episodios concentran todos los elementos que favorecen la viralización de rumores: un hecho de alto impacto, una figura criminal ampliamente conocida, incertidumbre sobre posibles represalias y un entorno de saturación informativa. En ese vacío, cualquier mensaje alarmista encuentra terreno fértil.
La respuesta institucional se centró en reiterar la coordinación entre fuerzas federales y gobiernos locales, así como en llamar a la ciudadanía a informarse por canales oficiales. Sin embargo, durante varias horas la conversación pública estuvo dominada por versiones no confirmadas.
El episodio deja una lección clara: en contextos de seguridad, la desinformación puede convertirse en un actor adicional del conflicto. No dispara armas, pero sí moviliza emociones, paraliza actividades y erosiona la confianza pública. Frente a ello, el periodismo tiene una tarea doble: informar con rigor y desmontar falsedades sin amplificarlas innecesariamente.
En tiempos donde un audio sin firma puede recorrer el país en minutos, la verificación no es un lujo profesional; es una responsabilidad democrática.
