La Corte Penal Internacional (CPI) inició en La Haya la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de tres cargos de crímenes de lesa humanidad vinculados a su controvertida campaña antidrogas.
El proceso, que se extenderá durante cuatro días, tiene como objetivo determinar si existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. Durante la primera sesión, la Fiscalía, la Defensa y los Representantes Legales de las Víctimas presentaron sus argumentos sobre la viabilidad de avanzar a la siguiente etapa judicial.
Duterte, de 80 años, no asistió a la audiencia en La Haya, aunque los jueces determinaron que está en condiciones de participar en el proceso. De manera separada, el tribunal aceptó una solicitud de la defensa para eximirlo de su presencia física en esta fase preliminar.
Previamente, su equipo legal había pedido un aplazamiento indefinido, alegando que el exmandatario no estaba apto para enfrentar el procedimiento. En respuesta, la Sala de Cuestiones Preliminares I designó a tres expertos médicos independientes. Con base en sus evaluaciones, el 26 de enero de 2026 concluyó que Duterte “puede ejercer sus derechos procesales y está en condiciones de participar en las actuaciones previas al juicio”.
El exgobernante, quien dirigió Filipinas entre 2016 y 2022, fue detenido en marzo de 2025 y trasladado bajo custodia de la CPI por una orden de arresto relacionada con su política antidrogas, ampliamente cuestionada por su impacto en derechos humanos. El 28 de noviembre de 2025, el tribunal rechazó un recurso que solicitaba su liberación por razones de edad y salud.
Si la Corte confirma uno o más cargos, el caso será remitido a una Sala de Juicio para continuar con el proceso. La decisión se espera en un plazo de hasta 60 días tras concluir la audiencia.
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