En los últimos cuatro años, un total de 26 personas privadas de la libertad han logrado escapar de distintos penales del estado de Puebla, aunque la tendencia general indica una reducción significativa desde 2022, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Estas estadísticas reflejan que, si bien los incidentes han disminuido, algunos penales continúan siendo puntos críticos en materia de seguridad penitenciaria.
La FGE señaló que cada fuga ha sido objeto de investigación bajo el delito de evasión de presos, lo que también implica sanciones para cualquier persona que facilite la salida de internos de manera ilícita. En 2022, se registró el mayor número de fugas, con un total de ocho, concentradas principalmente en los penales de Puebla y Tehuacán. Este año marcó un pico en los incidentes, lo que llevó a reforzar los controles internos y las inspecciones rutinarias en los centros penitenciarios.
En 2023, las cifras disminuyeron a cinco fugas, ocurridas en distintos meses del año, lo que representa una reducción de más del 37 % con respecto al año anterior. Para 2024, se reportaron siete incidentes, la mayoría de ellos en la capital poblana, mientras que el resto tuvo lugar en Tehuacán, consolidando a estos dos municipios como los principales focos de evasión de personas privadas de la libertad en el estado.
Durante 2025, se iniciaron investigaciones por seis fugas adicionales, con la mayor concentración de casos en el Centro Penitenciario de San Miguel, ubicado en la capital del estado. La más reciente se registró en febrero de 2026 en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, donde una persona privada de la libertad, acusada de robo, logró escapar antes de una inspección programada. A pesar de que la Fiscalía implementó medidas preventivas, hasta el momento no se tiene información sobre el paradero de Ernesto N., el interno involucrado.
Estas cifras muestran que, aunque la tendencia general es a la baja, la seguridad en ciertos penales sigue siendo un desafío, y la atención de las autoridades continúa enfocada en reforzar controles y garantizar la custodia efectiva de las personas privadas de la libertad. La FGE mantiene un seguimiento constante de los casos para evitar que incidentes similares se repitan.
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