El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se encuentra en el centro de una tormenta legal que podría marcar un precedente en la política nacional. Actualmente, enfrenta un juicio político promovido desde agosto de 2024 que, tras varias postergaciones, permanece en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pendiente de resolución definitiva.
El juicio político en contra del mandatario emecista comenzó a tomar forma a partir de una serie de denuncias presentadas por legisladores locales y federales, quienes lo acusan de diversas irregularidades, principalmente el presunto uso indebido de recursos públicos durante el proceso electoral de 2024. Las acusaciones aseguran que García habría desviado fondos estatales para favorecer a candidatos de su partido, Movimiento Ciudadano, entre ellos Mariana Rodríguez Cantú, Jorge Álvarez Máynez y Luis Donaldo Colosio Riojas.
Las denuncias señalan que el gobernador vulneró el principio de imparcialidad al influir en la contienda electoral desde su posición de poder, lo que constituye una violación a las normas que rigen la conducta de los servidores públicos durante procesos electorales.
El caso fue turnado a la Suprema Corte y estaba programado para discutirse en sesión del 14 de mayo de 2025. Sin embargo, la deliberación fue aplazada debido a la ausencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien tenía a su cargo el proyecto de resolución. Desde entonces, el asunto ha quedado en espera dentro del máximo tribunal del país, sin una nueva fecha programada oficialmente.
El aplazamiento ha generado especulación entre sectores políticos y jurídicos, pues el futuro político y legal de García depende en buena parte del sentido de la resolución que emita la Corte. Una validación del juicio político abriría la puerta a su destitución o inhabilitación, lo que desataría una crisis institucional en Nuevo León.
Samuel García suma 19 procedimientos legales en su contra, entre juicios políticos, investigaciones fiscales y demandas por responsabilidad administrativa. Este volumen de procesos ha derivado en una estrategia de defensa legal sin precedentes, que incluye la promoción de más de una docena de amparos por parte del propio gobernador.
Uno de los elementos más controvertidos del caso es que Samuel García ha tramitado 12 amparos para proteger a integrantes de su círculo más cercano. Entre los beneficiarios de estos recursos se encuentran su esposa, Mariana Rodríguez; sus padres, Samuel Orlando García y Bertha Silvia Sepúlveda; sus suegros, hermanos y cuñados.
Paralelo al escenario político, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ha identificado operaciones financieras atípicas en las que están implicados los despachos jurídicos vinculados a García y su padre, particularmente Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA) y GMA Firma Jurídica Fiscal. Estas sociedades civiles registraron un crecimiento exponencial de ingresos a partir de la carrera política de García, alcanzando en conjunto más de 2 mil 400 millones de pesos entre 2016 y 2023.
El salto más abrupto en ingresos se produjo tras la llegada de García a la gubernatura, cuando los despachos recibieron al menos 427 millones de pesos en operaciones señaladas como presuntos desvíos de recursos estatales.
Además, el medio Código Magenta reveló que el despacho Consultoría Lefinco, vinculado a García, estaría involucrado en una red de lavado de dinero con nexos al Cártel de los Beltrán Leyva. Esta firma habría procesado al menos 21 millones de pesos para el grupo criminal, utilizando empresas fachada como MFI Servicios y Asesoría, Ferrara Consultores y Suministro MYR, esta última una de las principales proveedoras del gobierno estatal.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas estima que el monto total lavado por Lefinco podría alcanzar los 14 mil millones de pesos, lo que sitúa al despacho en el centro de una de las operaciones de lavado más grandes en la historia reciente del país.
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