El homicidio del matrimonio poblano conformado por Alexandro Tello y Karina Ruiz, ocurrido el 20 de febrero, abrió un nuevo frente de tensión institucional entre Puebla y Tlaxcala. La polémica surgió después de que el vocero del gobierno tlaxcalteca, Antonio Martínez Velázquez, señalara que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla difundió información falsa e imprecisa sobre el caso.
Según el funcionario, el asesinato ocurrió en el municipio poblano de Chignahuapan, en la zona limítrofe con Tlaxcala. Con ello rechazó versiones que situaban el crimen en territorio tlaxcalteca.
Martínez Velázquez sostuvo además que la investigación es conducida principalmente por la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJT). Por esa razón cuestionó las declaraciones emitidas por la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt.
“Salieron algunas notas relativas a declaraciones de la fiscal de Puebla respecto a las investigaciones realizadas por la fiscalía de Tlaxcala sobre la pareja poblana asesinada en Puebla, en Chignahuapan. En primer lugar, la Fiscalía informará sobre las vinculaciones a proceso de las personas detenidas en Tlaxcala; en segundo lugar, ninguna línea de investigación apunta a delincuencia organizada”, afirmó el portavoz.
Las declaraciones del gobierno tlaxcalteca surgieron después de que la fiscalía poblana difundiera información sobre el móvil del crimen y sobre los presuntos responsables. Para Martínez Velázquez, esas afirmaciones corresponden a aspectos que no forman parte de la investigación que actualmente realiza Tlaxcala.
El funcionario pidió actuar con mesura y evitar que la presión mediática interfiera en el proceso judicial.
“Yo creo que algunos de los medios tienen interés en que se perciba una descomposición importante en este tipo de investigaciones. Pero no puede ser que una investigación con peritajes, en criminalística, se base en la prisa y en la presión mediática o social sobre estos casos. Evidentemente, todos los gobiernos y las fiscalías quieren y deben procurar justicia”, sostuvo.
El vocero también rechazó versiones difundidas en medios y redes sociales que intentaban vincular a uno de los detenidos con la familia de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.
De manera categórica, afirmó que esas versiones pertenecen más al terreno de la especulación que al del periodismo.
“Corresponden más al terreno de la ficción que al del periodismo”, dijo al referirse a los señalamientos que relacionaban a Alejandro N., uno de los detenidos, con una de las hijas de la mandataria.
En una segunda intervención pública sobre el tema, Martínez Velázquez reiteró que dichas versiones surgieron en un “terreno de ficción y no periodístico”. También insistió en que ninguna línea de investigación vincula el asesinato con la delincuencia organizada.
El funcionario cuestionó además que la fiscal de Puebla se pronunciara sobre una investigación que —según dijo— no está bajo su competencia directa.
“Como la fiscal de Puebla puede informar algo que no está investigando ella (…) no puede ser que una investigación con peritaje, con criminalística se base en la prisa y la presión mediática. Eso no quiere decir que mediante la presión mediática se den las desafortunadas declaraciones de la fiscal del estado de Puebla sobre un tema que no es parte de su investigación”, afirmó.
Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no ha respondido públicamente a estos señalamientos.
La semana pasada, la dependencia poblana informó únicamente sobre la detención de tres personas: Christian N., alias “El Bau”; Alejandro N., y Miriam N., como presuntos responsables del crimen.
Posteriormente, autoridades tlaxcaltecas confirmaron que Miriam N. fue detenida en el municipio de Apizaco. Después fue trasladada a Puebla para continuar con su proceso jurídico.
Además, en Tlaxcala fueron detenidos Hugo N. y Alejandro N., quienes enfrentan investigaciones por su probable participación en el doble homicidio.
La fiscalía de ese estado ha señalado que no revelará mayores detalles hasta que un juez determine la situación jurídica de los imputados.
Por su parte, la Fiscalía de Puebla ha señalado que una de las líneas de investigación apunta a una presunta deuda millonaria entre Christian N., alias “El Bau”, y Alexandro Tello. Ambos habrían sido socios en una empresa.
De acuerdo con esa versión, ante la imposibilidad de saldar el adeudo, el imputado habría planeado el ataque contra el matrimonio.
Fuentes cercanas al caso también señalan que “El Bau” fue colaborador cercano durante la administración estatal encabezada por el exgobernador panista Rafael Moreno Valle.
Según las indagatorias presentadas por la fiscalía poblana, Christian N., junto con Alejandro N. y Miriam N., habría interceptado a la pareja cuando regresaba a Puebla.
Debido a la relación de confianza que existía entre ellos —pues además de socios se le identifica como padrino del hijo menor de Karina y Alexandro— el matrimonio habría accedido a detenerse o interactuar con él.
Posteriormente, los agresores habrían privado de la vida a la pareja y trasladado los cuerpos hasta la comunidad de La Rinconada, en el municipio de Chignahuapan.
Las investigaciones señalan que una camioneta captada circulando frente al Jetta blanco del matrimonio la tarde del 20 de febrero, sobre la carretera Tlaxcala-Apizaco, habría sido utilizada para trasladar los cuerpos.
A más de diez días del crimen, la Fiscalía de Tlaxcala mantiene hermetismo sobre el avance de las investigaciones.
El gobierno estatal indicó que cualquier información adicional se dará a conocer una vez que los imputados sean vinculados a proceso. El objetivo es evitar afectaciones al debido proceso.
Pese a los cuestionamientos entre autoridades, el vocero del gobierno tlaxcalteca aseguró que la coordinación entre ambas fiscalías continuará.
El propósito, dijo, es esclarecer el asesinato del matrimonio poblano.
Mientras tanto, el caso sigue marcado por versiones encontradas entre instituciones y por el llamado a actuar con prudencia durante la investigación.
