La comunidad académica de la Universidad Iberoamericana Puebla llamó al Poder Judicial de la Federación a garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral para la familia de Nadia Guadalupe Morales Rosales, adolescente desaparecida en octubre de 2017 en el estado de Puebla, cuyo caso se encuentra actualmente en una etapa clave dentro del sistema judicial.
A través de un posicionamiento difundido por la Clínica Jurídica Minerva Calderón, la institución señaló que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Puebla deberá resolver próximamente el amparo directo 142/2025, una decisión que podría marcar un momento decisivo en la búsqueda de justicia para la joven, quien desapareció cuando tenía 17 años.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el 27 de octubre de 2017 Nadia salió de su casa para dirigirse a su bachillerato después de abordar el transporte público. Sin embargo, nunca regresó, lo que dio inicio a una larga lucha de su familia por esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.
Tras años de procesos judiciales, en 2025 un tribunal de apelación estableció la responsabilidad penal por el delito de desaparición cometida por particulares, revirtiendo así una resolución previa de primera instancia que había absuelto al acusado.
La familia de Nadia ha denunciado durante años irregularidades y omisiones en las investigaciones iniciales, por lo que ha insistido en que las autoridades judiciales analicen el caso con un enfoque de derechos humanos y con la debida diligencia que requieren los delitos de desaparición.
En su pronunciamiento, la comunidad universitaria subrayó que el caso también podría estar relacionado con trata de personas con fines de explotación sexual, lo que exige un análisis especializado por parte de las autoridades judiciales y de investigación.
Asimismo, señalaron que las resoluciones judiciales en este tipo de delitos deben considerar la complejidad probatoria que caracteriza a las desapariciones, donde en muchas ocasiones no existen pruebas directas y se vuelve necesario recurrir a herramientas como la prueba circunstancial, peritajes en antropología social y psicosocial, así como el análisis de contexto para reconstruir los hechos.
Desde la Ibero Puebla también se recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar, sancionar y esclarecer las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, incorporando perspectiva de género e interseccionalidad en los procesos judiciales para garantizar decisiones sensibles a las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.
Para la institución, la resolución del amparo no solo representa un paso crucial para la familia de Nadia Guadalupe, sino también un precedente relevante en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición en México, donde miles de familias continúan buscando justicia frente a la violencia y la falta de respuestas institucionales.
El fallo que emita el tribunal colegiado en Puebla será observado con atención por organizaciones académicas y defensoras de derechos humanos, que consideran que este caso simboliza la exigencia social de verdad, justicia y reparación para las víctimas de desaparición en el país.
