El Congreso de Paraguay aprobó un acuerdo con Estados Unidos que autoriza la presencia temporal de personal militar estadounidense en territorio paraguayo con inmunidad similar a la diplomática, una decisión que ha generado críticas desde la oposición por considerar que compromete la soberanía nacional. La votación en la Cámara de Diputados registró 53 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones, completando así la ratificación legislativa del convenio tras el aval previo del Senado.
El tratado, firmado en diciembre de 2025 en Washington, establece las reglas para la presencia de militares estadounidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas vinculados a actividades acordadas entre ambos países, como ejercicios, entrenamientos y operaciones catalogadas como humanitarias. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, defendió la decisión al argumentar que el acuerdo busca fortalecer la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico y mejorar la seguridad interna.
Sin embargo, legisladores opositores cuestionaron el alcance del convenio y advirtieron que la inmunidad otorgada al personal estadounidense implica que eventuales delitos podrían ser juzgados fuera del país, lo que consideran una cesión de soberanía. El diputado Adrián Billy Vaesken calificó la medida como contraria a los intereses nacionales y alertó sobre la posibilidad de que Washington termine instalando una base militar en territorio paraguayo.
Las críticas también fueron respaldadas por la diputada Johanna Ortega, quien señaló que el acuerdo refleja una política de alineamiento con la estrategia regional impulsada por el gobierno de Donald Trump, lo que según su postura abre la puerta a una mayor influencia militar estadounidense en el país sudamericano.
El acuerdo, que aún debe ser promulgado por el presidente Santiago Peña para entrar en vigor, también contempla exenciones fiscales y arancelarias para equipos, suministros y tecnología utilizados en las actividades contempladas, además de permitir que Estados Unidos ejerza jurisdicción penal sobre su propio personal durante su permanencia en Paraguay, un punto que ha alimentado las críticas sobre un posible debilitamiento de la autonomía judicial y política del país.
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