El estado de Puebla ocupa el último lugar a nivel nacional en número de personas adscritas al Poder Judicial local, lo que limita la atención de los asuntos que ingresan a los tribunales y las sentencias que de ellos derivan.
De acuerdo con cifras del INEGI, en la entidad existen apenas 2.1 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media nacional, que es de 3.8.
Esta carencia provoca una sobrecarga de trabajo: en un año, Puebla acumuló hasta 71 mil 191 asuntos que requieren revisión judicial.
La mayoría de los casos corresponden a materia familiar (49%), reflejo de la importancia de atender conflictos que afectan directamente la vida cotidiana de las personas. En segundo lugar se encuentran los asuntos civiles y mercantiles (38.8%), seguidos por los penales (6.6%).
Los asuntos laborales son los menos atendidos, con apenas el 5.7% del total, lo que equivale a 4 mil 057 expedientes en un año. Esta situación evidencia la desprotección de los derechos laborales en la entidad.
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