Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvieron a la exdiputada veracruzana Gabriela Arango Gibb, quien contaba con una orden de aprehensión por el presunto delito de sustracción o retención de menores, en un caso relacionado con su propia nieta.
La captura ocurrió la tarde del 10 de marzo alrededor de las 18:20 horas en el municipio de San Andrés Cholula, específicamente en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto se llevó a cabo sobre el Periférico Ecológico, a la altura de la Vía Atlixcáyotl.
Tras su aseguramiento, la exlegisladora fue trasladada a las instalaciones centrales de la Fiscalía poblana, donde quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común mientras se realizan los procedimientos legales correspondientes.
La detención se originó por una orden de aprehensión emitida en el estado de Tamaulipas por la jueza de control Lissette López Mayet, adscrita al Sistema Penal Acusatorio de la Sexta Región Judicial. El mandamiento está relacionado con la carpeta de investigación NUC 603/2025.
Según las indagatorias, el 10 de mayo de 2025 la menor identificada con las iniciales M.E.A.V. fue entregada a Gabriela Arango Gibb para convivir con ella. Sin embargo, el acuerdo establecía que la niña debía regresar con su madre, Michell Valdez, el 2 de agosto del mismo año.
Las autoridades señalan que la menor no fue devuelta en la fecha pactada y que la exdiputada habría manifestado su negativa a entregarla, situación que derivó en una denuncia y posteriormente en la orden de captura.
Medios de comunicación de Veracruz, donde Arango Gibb desarrolló parte de su trayectoria política —incluida su labor como diputada y como directora del Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Tuxpan— han difundido una versión distinta del caso.
De acuerdo con esos reportes, la exfuncionaria contaría con documentos que la acreditaban como depositaria legal de la menor, lo que implicaría que tenía responsabilidad sobre su resguardo y que no se trataría de una retención ilegal.
Asimismo, se ha señalado que no habría permanecido prófuga durante siete meses, como se ha difundido en algunas versiones.
Tras su captura en Puebla, las autoridades iniciaron los trámites para su traslado al estado de Tamaulipas, entidad donde fue girada la orden de aprehensión y donde continuará el proceso judicial para determinar su situación jurídica.
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