La presidenta Claudia Sheinbaum presentó desde Palacio Nacional una nueva propuesta de reforma electoral —denominada Plan B— que será turnada al Senado con el objetivo de reducir costos del sistema político y ampliar mecanismos de participación ciudadana.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la iniciativa busca “menos privilegios y más participación”, al plantear ajustes tanto constitucionales como a leyes secundarias en materia electoral.
El proyecto contempla una reconfiguración de los cabildos municipales con la reducción de regidurías a un rango de entre 7 y 15 integrantes, además de limitar a una sola sindicatura por ayuntamiento. En paralelo, se establece un tope presupuestal para los congresos locales equivalente al 0.7% del gasto estatal.
De acuerdo con el gobierno federal, los recursos ahorrados se destinarían a obras de infraestructura en estados y municipios.
Uno de los ejes centrales del Plan B es la austeridad en organismos electorales. La propuesta fija límites salariales para consejeros, magistrados y altos funcionarios, quienes no podrán percibir ingresos superiores al de la presidenta.
Asimismo, se plantea una reducción progresiva del gasto en el Senado de hasta 15%, así como mayores controles sobre el financiamiento de partidos políticos, incluyendo la obligación de transparentar ingresos y reportar operaciones en tiempo real.
Revocación de mandato y elección judicial
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el Plan B propone flexibilizar la consulta de revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, en lugar de limitarse al cuarto.
También se mantiene la elección del Poder Judicial en 2027, con ajustes para reducir el número de candidaturas y fortalecer la revisión de perfiles.
Entre las modificaciones técnicas destaca la posibilidad de iniciar el cómputo de votos desde la llegada del primer paquete electoral al cierre de la jornada, lo que, según el Ejecutivo, agilizaría los resultados.
Además, se abre la puerta a que la Unidad de Inteligencia Financiera participe en la revisión expedita de los gastos de campaña, reforzando la vigilancia sobre el origen de los recursos.
La iniciativa incluye cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, con énfasis en topes salariales, uso de tecnología para fiscalización y nuevas reglas de transparencia financiera.
Sheinbaum reiteró que su administración insistirá en reducir el financiamiento a partidos y en eliminar figuras como los legisladores plurinominales, aunque reconoció que estos puntos no han prosperado en el Congreso.
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