Alertan posible contaminación en barranca de Atlixco por descargas ilegales de aguas residuales

La situación no solo representa un problema ambiental o de salud, sino también una posible violación a la legislación federal sobre el agua

La presunta descarga ilegal de aguas residuales al drenaje pluvial que desemboca en la barranca El Carmen podría representar un riesgo ambiental y sanitario en Atlixco, advirtió la regidora Maricruz Casco Bueno, quien exhortó al gobierno de Ariadna Ayala Camarillo a realizar una inspección para esclarecer el origen de esta situación.

Durante la sesión de Cabildo, la regidora panista presentó un exhorto para solicitar al gobierno atlixquense una revisión y la elaboración de un informe sobre la situación actual del afluente.

La concejal aseveró que el problema se ha convertido en un foco de contaminación para los vecinos de comunidades aledañas a la barranca, quienes han denunciado la presencia de olores fétidos y contaminantes.

En ese sentido, subrayó la importancia de que el municipio evalúe posibles afectaciones ambientales y, en caso necesario, implemente las acciones correctivas correspondientes.

Enfatizó que esta situación no solo representaría un problema ambiental o sanitario, sino también una posible infracción a la legislación federal en materia de agua, al señalar que el municipio es la instancia encargada de supervisar el tratamiento de las aguas residuales antes de su vertimiento.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, las descargas ilegales de aguas residuales podrían derivar en sanciones millonarias, la suspensión de actividades por falta de permisos, procedimientos administrativos o responsabilidades ambientales.

Por ello, solicitó que la inspección se realice de manera conjunta con personal del Ayuntamiento, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA) y una comisión de vecinos, a fin de garantizar un procedimiento transparente.

Finalmente, la regidora Maricruz Casco advirtió que el objetivo de esta revisión es prevenir daños ambientales y evitar que el municipio incurra en posibles responsabilidades legales o sanciones por incumplimiento de la normativa federal.

Foto: Redes

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