En el marco del Día Mundial del Agua, integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) exigieron una auditoría a la empresa Concesiones Integrales, conocida como Agua de Puebla, y al organismo operador SOAPAP, debido a presuntos incumplimientos en el servicio y falta de inversión en infraestructura hídrica en la zona metropolitana.
Desde el zócalo de Puebla, la representante de la organización, María Eugenia Ochoa García, señaló que durante más de una década se han registrado deficiencias en el suministro de agua que afectan a alrededor de 200 colonias, evidenciando problemas estructurales en la operación del servicio.
La activista explicó que, desde su perspectiva, existe falta de supervisión por parte del SOAPAP hacia la concesionaria, lo que ha permitido irregularidades en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, operados por Agua de Puebla desde 2014.
Asimismo, cuestionó la reciente comparecencia de ambos organismos ante el Congreso local, al considerar que no se brindó información clara ni suficiente para responder a las inquietudes de los usuarios, lo que incrementa la incertidumbre sobre el estado real del sistema hídrico.
Otro de los señalamientos apunta a que la empresa habría priorizado zonas con mayor rentabilidad, como fraccionamientos, mientras que diversas colonias presentan rezagos en el acceso al agua, lo que refleja una distribución desigual del servicio.
Además, se expuso que existiría falta de coordinación entre las autoridades y la concesionaria, ya que se reportó la inversión de recursos en obras sin la validación correspondiente del organismo operador, situación atribuida a administraciones anteriores.
La representante de ASA subrayó que el problema no se limita al abastecimiento, sino que también involucra el incumplimiento en el saneamiento de cuerpos de agua como los ríos Atoyac y Alseseca, así como la presa de Valsequillo, lo que impacta directamente en el medio ambiente.
Ante este panorama, la organización reiteró la necesidad de revisar el cumplimiento del contrato de concesión, esclarecer el destino de inversiones y garantizar el derecho humano al agua, además de plantear la posibilidad de recuperar el control público del servicio.
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