La presidenta Claudia Sheinbaum colocó el eje del llamado “Plan B” de la reforma electoral en la reducción de privilegios dentro del servicio público, al señalar que el objetivo central es redirigir recursos hacia programas y obras que beneficien directamente a la población.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa contempla un ajuste al gasto que permitiría ahorrar hasta 4 mil millones de pesos, monto que, aseguró, podría traducirse en infraestructura social como sistemas de transporte, obras hidráulicas o perforación de pozos en comunidades con carencias.
Sheinbaum subrayó que la propuesta busca reforzar el principio constitucional de que ningún funcionario debe percibir ingresos superiores al titular del Ejecutivo federal. En ese sentido, cuestionó los altos salarios en organismos como el Instituto Nacional Electoral y también el tamaño de algunos cabildos municipales con hasta 25 regidores.
Además del componente de austeridad, la reforma incluye la posibilidad de que la revocación de mandato pueda coincidir con elecciones intermedias, como las previstas en 2027, siempre y cuando exista consenso legislativo. La presidenta aclaró que este mecanismo no sería obligatorio, sino una opción constitucional sujeta a la participación ciudadana.
Sobre el avance legislativo, indicó que el análisis corresponde al Senado y confió en que el debate permita definir qué partes de la iniciativa logran mayoría calificada. También advirtió que la ciudadanía evaluará el sentido del voto de los legisladores.
En contraste con el denominado “Plan A”, que incluía cambios más amplios como la reducción de financiamiento a partidos y modificaciones en la representación proporcional, el “Plan B” se enfoca en ajustes administrativos y de gasto, con énfasis en la austeridad gubernamental.
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