La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma que permite imponer prisión perpetua a menores de 18 años responsables de delitos como homicidio, violación y terrorismo. La medida forma parte del endurecimiento legal impulsado por el presidente Nayib Bukele en el contexto de la estrategia de seguridad que su gobierno mantiene desde hace cuatro años contra las pandillas.
De acuerdo con lo aprobado, la reforma incorpora la pena de prisión perpetua al catálogo excepcional aplicable a menores en conflicto con la ley penal. Además, establece la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil para delitos graves, aunque contempla revisiones periódicas para evaluar el nivel de rehabilitación, el riesgo del sentenciado y la posibilidad de acceder a libertad controlada.
La modificación fue respaldada por 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral y entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Durante la discusión, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sostuvo que “se ha dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que estos criminales no volverán a ver la luz del sol”, al defender el endurecimiento de las penas.
Sin embargo, la decisión también abrió cuestionamientos dentro y fuera de El Salvador. El diputado Francisco Lira, del partido Arena, advirtió que aún hay salvadoreños sin vínculos con pandillas que siguen esperando un juicio justo, mientras que Human Rights Watch consideró que la reforma “contradice estándares internacionales” en materia de justicia para menores.
La directora para las Américas de esa organización, Juanita Goebertus, explicó que, aunque la pena puede revisarse tras 25 años, los estándares internacionales establecen que las sanciones para niñas, niños y adolescentes deben ser considerablemente más cortas y con oportunidades reales de reinserción. También señaló que esta medida se suma a otros cambios que, a su juicio, representan retrocesos en el régimen penal juvenil salvadoreño.
La aprobación de esta reforma coloca nuevamente en el centro del debate el equilibrio entre castigo, seguridad y reinserción social, especialmente cuando se trata de menores de edad. El tema no solo refleja la línea dura adoptada por el gobierno salvadoreño, sino también una discusión de fondo sobre los límites del sistema penal frente a la violencia y la protección de los derechos de la niñez.
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