El gobierno de Donald Trump llevará ante la Suprema Corte de Estados Unidos su intento por eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas indocumentadas, una propuesta que cuestiona uno de los principios constitucionales más arraigados del país. La medida será defendida por sus abogados en los próximos días, en medio de un contexto de creciente tensión por su política migratoria.
Este derecho, establecido tras la Guerra Civil y vinculado históricamente a la protección de personas descendientes de esclavos, ha sido considerado durante décadas como un pilar fundamental de la identidad estadounidense como nación de migrantes. Sin embargo, la administración Trump, influida por su asesor Stephen Miller, impulsa su reinterpretación para excluir a hijos de migrantes sin documentos.
En declaraciones recientes, el mandatario sostuvo que este principio constitucional no fue diseñado para aplicarse a todos los nacidos en territorio estadounidense, y lanzó críticas contra el sistema judicial, al que acusa de frenar sus políticas. Incluso, llegó a descalificar a jueces federales, señalando que sus decisiones generan una percepción negativa a nivel internacional.
Mientras el caso avanza en tribunales, organizaciones como la ACLU han encabezado la oposición, alertando que la propuesta representa un retroceso en derechos civiles y podría redefinir el concepto mismo de ciudadanía en Estados Unidos. El máximo tribunal escuchará argumentos esta semana, aunque no se espera una resolución inmediata.
En paralelo, el discurso antimigrante del gobierno se mantiene. Trump ha defendido al ICE, al que calificó como esencial para el país, al tiempo que insiste en asociar la migración con criminalidad. No obstante, reportes citados en el Congreso indican que más del 70% de los detenidos no cuenta con antecedentes penales, lo que ha intensificado las críticas a estas políticas.
Además, datos recientes señalan un impacto directo en familias migrantes: miles de niños ciudadanos estadounidenses han sido afectados por la detención de sus padres. Legisladores como Pramila Jayapal han denunciado que estas acciones responden también a intereses económicos ligados a centros de detención privados, mientras crecen protestas en distintas comunidades contra la expansión de estas instalaciones.
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