El gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda federal contra la ciudad de Los Ángeles, acusando a sus autoridades de obstaculizar deliberadamente la aplicación de las leyes de inmigración mediante sus políticas de “ciudad santuario”. La acción legal, presentada este lunes por el Departamento de Justicia en el Distrito Central de California, señala directamente a la alcaldesa Karen Bass, al Concejo Municipal y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson.
La querella legal sostiene que las autoridades angelinas impulsaron normativas que interfieren con la autoridad federal en materia migratoria, especialmente tras la reelección de Trump. La demanda cita como principal ejemplo la ordenanza «Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement», firmada por Bass en diciembre de 2024, que limita el uso de recursos locales para colaborar con operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Afirmó el Departamento de Justicia en un comunicado:
“La negativa de Los Ángeles a cooperar con las autoridades federales de inmigración contribuyó a la reciente anarquía, disturbios, saqueos y vandalismo que fueron tan graves que requirieron el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines”.
El fiscal federal Bill Essayli argumentó que la ciudad ha violado la Cláusula de Supremacía de la Constitución al “elegir qué leyes federales cumplir y cuáles no”. Añadió que la política migratoria local “contribuye a un ambiente sin ley e inseguro”, al facilitar que extranjeros sujetos a deportación evadan la acción de la justicia.
La demanda se produce en medio de una oleada de redadas migratorias en California, en la cuarta semana consecutiva de operativos, que han desatado protestas multitudinarias en Los Ángeles, protagonizadas principalmente por comunidades latinas. La tensión se intensificó luego de que Trump ordenara el despliegue de 4.000 elementos de la Guardia Nacional en la ciudad, una medida extraordinaria que no se implementaba desde hace seis décadas y que fue realizada sin el consentimiento del gobernador del estado.
Aunque Los Ángeles formalizó su estatus de “ciudad santuario” a finales del año pasado, su política de no colaboración con autoridades migratorias federales se remonta a la Orden Especial 40, vigente desde hace casi cinco décadas, que prohíbe a la policía local detener a personas solo para investigar su situación migratoria.
La administración Trump ha defendido con firmeza su postura de mano dura contra la inmigración irregular, y esta demanda representa un nuevo capítulo en la confrontación entre el gobierno federal y jurisdicciones locales que han optado por proteger a sus comunidades migrantes. La Casa Blanca no ha descartado emprender acciones similares contra otras ciudades santuario en el país.
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