La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla inició una depuración en su nómina educativa que ha revelado un nivel de irregularidades mayor al esperado. A poco más de un mes de arrancada la auditoría interna, el gobierno estatal informó la recuperación de más de 300 plazas que habían sido asignadas de manera indebida, muchas de ellas a “aviadores” e incluso a personas fallecidas que continuaban percibiendo salario.
El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, confirmó que estas anomalías forman parte de una revisión más amplia ordenada por el gobernador Alejandro Armenta, la cual apunta no solo a corregir la nómina, sino a deslindar responsabilidades administrativas y penales.
De acuerdo con la información oficial, los casos detectados incluyen expedientes inexistentes o incompletos, trabajadores que nunca se presentaban en sus centros laborales y plazas que continuaban activas pese al fallecimiento de sus supuestos titulares. Este hallazgo ha derivado ya en siete denuncias penales contra exfuncionarios, bajo señalamientos que podrían escalar más allá del uso indebido de funciones.
La auditoría, iniciada el 24 de febrero, se extenderá al menos 13 semanas y contempla la revisión de más de 7 mil plazas, aunque no se descarta que el universo de irregularidades sea mayor. Versiones preliminares indican que el número total podría alcanzar hasta 20 mil asignaciones bajo sospecha, lo que abriría uno de los mayores procesos de revisión administrativa en el sector educativo estatal.
En paralelo, la administración estatal ya ejecutó una reestructuración interna: al menos 10 mandos medios y superiores fueron removidos tras los primeros resultados, mientras que otras 20 personas fueron separadas de sus cargos en la SEP poblana.
Las plazas recuperadas serán reincorporadas al sistema mediante nuevos procesos de asignación, ya sea de forma temporal o definitiva, con el objetivo de beneficiar a docentes en espera de cambios o basificaciones. Sin embargo, el gobierno estatal mantiene bajo reserva los nombres de los funcionarios presuntamente involucrados hasta concluir la investigación.
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