La Fiscalía General de la República informó que 145 víctimas del caso del Corredor Interoceánico han recibido reparación integral del daño, como parte del avance en la resolución del proceso penal. La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, detalló que este grupo está conformado por 114 personas adultas y 31 niñas, niños y adolescentes. La atención inmediata permitió avanzar en la extinción de la acción penal en estos casos, conforme a lo establecido en la ley. Este mecanismo busca priorizar la restitución de derechos. La medida representa un paso relevante en la atención a las víctimas.
Durante su mensaje, la fiscal explicó que estos acuerdos están contemplados en el marco constitucional y ofrecen una alternativa eficaz dentro del sistema de justicia. Señaló que permiten a las víctimas acceder a medidas de compensación de forma más ágil. Este enfoque reduce el desgaste de procesos judiciales prolongados, facilitando soluciones más rápidas. La reparación integral incluye distintos mecanismos de atención. El objetivo es restituir, en la medida de lo posible, las afectaciones sufridas. Este modelo ha sido aplicado en el seguimiento del caso.
La FGR destacó que el proceso se ha desarrollado bajo los principios de protección a las víctimas y esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, subrayó que se han cumplido las funciones constitucionales orientadas a evitar la impunidad. El proceso también ha garantizado que los responsables enfrenten la justicia, mientras se atiende a las personas afectadas. Este equilibrio forma parte de los objetivos del sistema penal. La actuación institucional se ha basado en criterios legales. La investigación ha seguido su curso conforme a derecho.
Como resultado de las indagatorias, se integraron cuatro carpetas de investigación que permitieron establecer responsabilidades. La fiscalía explicó que se acreditó la culpabilidad de tres personas por los delitos de homicidio y lesiones culposas, lo que derivó en acciones judiciales. Se obtuvieron órdenes de aprehensión, cateos y posteriormente vinculaciones a proceso. Estos avances reflejan el desarrollo del caso en tribunales. El seguimiento judicial continúa en curso. Las diligencias se realizaron de manera oportuna.
En cuanto a otros posibles delitos, la FGR descartó responsabilidades relacionadas con daños a las vías generales de comunicación. Esto se sustentó en peritajes técnicos en ingeniería, arquitectura y seguridad industrial. Los estudios confirmaron que la infraestructura ferroviaria cumple con las normas aplicables, así como las condiciones del material rodante. Este análisis permitió delimitar responsabilidades. También se revisaron auditorías oficiales sin hallazgos penales. La evaluación técnica respaldó las conclusiones del caso.
Finalmente, la institución informó que tampoco se encontraron elementos para acreditar delitos relacionados con uso indebido de funciones públicas. Las revisiones incluyeron auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y análisis de contratos vinculados al proyecto. Los resultados no arrojaron irregularidades con implicaciones penales, lo que fortalece la claridad del proceso. La investigación continúa con base en los elementos disponibles. El caso avanza con enfoque en legalidad y atención a víctimas. La resolución mantiene su curso conforme al marco jurídico.
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