La caravana migrante “Génesis”, integrada por cerca de 300 personas, fue disuelta por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en el municipio de Tonalá, tras 12 días de caminata marcada por el desgaste físico y la falta de respuesta institucional.
De acuerdo con fuentes oficiales, las personas migrantes aceptaron ser trasladadas en vehículos hacia ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, en medio de condiciones de agotamiento y deshidratación severa, particularmente entre la población adulta.
Un funcionario que solicitó anonimato señaló: “Los migrantes ya estaban muy cansados, presentaban cuadros severos de deshidratación. La mayoría eran adultos, había muy pocos niños”.
Durante su arribo a Tonalá, brigadas de salud y Protección Civil brindaron atención médica, mientras que el sistema DIF proporcionó alimentos. Posteriormente, los grupos fueron movilizados sin reportes de uso de la fuerza.
Sin embargo, organizaciones de acompañamiento denunciaron prácticas de contención encubierta. Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana AC, afirmó que las autoridades ofrecen apoyos que no resuelven el fondo del problema:
“Lucran con el dolor al permitir que caminen por varios días. Los desgastan y ya cuando están muy cansados les dicen que los van ayudar”, expresó.
El activista sostuvo que, en la práctica, los migrantes reciben permisos temporales de 30 días que no garantizan el acceso efectivo a la regularización ni la movilidad dentro del país, manteniéndolos en el sur.
Asimismo, señaló que muchas de estas personas llevan hasta 18 meses acudiendo a instancias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM sin obtener resolución a sus solicitudes de asilo.
En este contexto, la saturación institucional y las condiciones laborales precarias en Tapachula limitan las opciones para la población migrante, que se emplea en actividades informales con bajos salarios y extensas jornadas.
García Villagrán también alertó sobre un incremento de discursos xenófobos en la frontera sur, lo que agrava la vulnerabilidad de quienes permanecen varados en la región sin certeza jurídica.
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Fotografía: Redes
