Puebla se posiciona como el estado con mayor número de personas sin acceso a agua entubada a nivel nacional, con 860 mil 239 habitantes en esta condición, lo que evidencia una de las brechas más profundas en servicios básicos del país y una creciente problemática hídrica que impacta principalmente a zonas rurales.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Bienestar federal, la entidad registra una población estimada a 2026 de 7 millones 70 mil 124 personas, de las cuales 12.2 por ciento no cuenta con acceso a agua entubada. Esta cifra supera el promedio nacional de 5.7 por ciento y refleja un rezago estructural en infraestructura hidráulica.
Aunque a nivel nacional el número de personas sin acceso al servicio asciende a 7 millones 572 mil 728, Puebla encabeza la lista por entidad, al concentrar una de las mayores proporciones de población afectada por la falta de agua entubada, lo que impacta directamente en la salud, la higiene y la calidad de vida.
Entre las entidades con mayor incidencia también se encuentran Chiapas (757,732 personas), Estado de México (476,302), Guerrero (459,949), Oaxaca (445,916), Baja California (393,008) y Nuevo León (328,301), las cuales enfrentan retos significativos debido a la deficiente distribución del vital líquido.
En contraste, los estados con menor incidencia son Tlaxcala (13,528 personas), Coahuila (33,922), Colima (45,382), Campeche (58,055), Durango (61,019), Aguascalientes (63,676) y Baja California Sur (88,657), consolidándose como los menos afectados por esta problemática y con una cobertura casi total de agua entubada.
La Secretaría de Bienestar federal advierte que la falta de acceso al agua entubada tiene efectos directos en la salud pública, al incrementar el riesgo de enfermedades gastrointestinales, además de generar mayores costos para las familias que dependen de pipas, pozos o manantiales para abastecerse.
Asimismo, el informe señala que esta carencia profundiza la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, donde la infraestructura es insuficiente y, en algunos casos, incluso provoca conflictos sociales por el acceso al recurso, una situación que podría agravarse sin una inversión sostenida en infraestructura hidráulica.
Ilustración: Iván Rojas
