La tragedia ocurrida en el estado de Sonora no es un accidente aislado ni un episodio fortuito que deba archivarse en la sección de hechos lamentables. Es la manifestación más cruda de una falla estructural que nace de la combinación de dos factores igual de peligrosos: la debilidad del Estado para regular y supervisar servicios de salud privados, y la creciente disposición de la ciudadanía a confiar en soluciones médicas de dudosa procedencia, muchas veces envueltas en papel muy bonito de “productos milagro”.
Ocho personas muertas y una más hospitalizada no son simples datos: son vidas truncadas por una cadena de decisiones equivocadas. Todo comenzó con la aplicación de sueros intravenosos presuntamente alterados en una clínica privada. La intervención de la Secretaría de Salud de Sonora y la investigación encabezada por la Fiscalía General de Justicia sonorense han permitido reconstruir parcialmente los hechos: un médico, hoy en fuga prescribía, preparaba y aplicaba soluciones parenterales sin que existiera, hasta el momento, claridad sobre su composición.
La pregunta que surge es: ¿cómo fue posible que un solo individuo concentrara tal grado de discrecionalidad sin que ninguna autoridad lo detectara a tiempo?
La respuesta apunta directamente a la debilidad en los mecanismos de vigilancia sanitaria. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, encargada de supervisar medicamentos, insumos y servicios de salud, ha iniciado análisis técnicos sobre los sueros decomisados. Sin embargo, como suele ocurrir en México, la reacción llega después de la tragedia. El Estado actúa cuando el daño ya es irreversible. Como dice el dicho, una vez ahogado el niño tapado el pozo.
Este caso exhibe una verdad vergonzante: el mercado de la salud privada en México opera, en muchos casos, en una zona gris donde la regulación es laxa, la supervisión es intermitente y la sanción es tardía. Clínicas que ofrecen terapias intravenosas “revitalizantes”, “desintoxicantes” o “reconstituyentes” proliferan en distintas ciudades del país, aprovechando el vacío normativo y la desesperación de pacientes que buscan soluciones rápidas: en la ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla, en Quintana Roo, en donde haya mercados donde ofrezcan soluciones fáciles.
El problema no es menor. Estas prácticas se insertan en un fenómeno más amplio: la normalización de los llamados productos milagro. Desde suplementos alimenticios hasta tratamientos intravenosos, pasando por terapias alternativas sin respaldo científico, el mercado de la salud paralela ha crecido al amparo de la desinformación.
Aquí es donde la responsabilidad del Estado se vuelve central. No basta con clausurar una clínica después de que han muerto ocho personas. Se requiere una política amplia, robusta e integral de vigilancia sanitaria que incluya inspecciones periódicas, certificación obligatoria de establecimientos, trazabilidad de insumos médicos y, sobre todo, campañas de información dirigidas a la población.
La omisión también es una forma de responsabilidad. Cuando las autoridades permiten que estos negocios operen sin supervisión efectiva, están, en los hechos, delegando la seguridad de los pacientes a la buena fe de quienes ofrecen los servicios. Y la buena fe, en contextos de lucro, es un recurso escaso.
Pero sería un error reducir toda la responsabilidad al Estado. La otra cara de esta tragedia es la responsabilidad ciudadana. En una sociedad donde la información está al alcance de un clic, resulta preocupante que persista una cultura de consumo acrítico en materia de salud.
Confiar ciegamente en tratamientos no certificados, aceptar la aplicación de sustancias sin conocer su composición o acudir a clínicas sin verificar su legalidad no puede seguir siendo visto como un acto inocente. Es, en muchos casos, una decisión que pone en riesgo la vida propia y la de otros.
La relación médico-paciente, históricamente basada en la confianza, ha sido distorsionada por la mercantilización de la salud. Hoy, la figura del “médico” no siempre garantiza profesionalismo ni ética. Existen casos —como el de Sonora— donde el prestigio personal sustituye a la evidencia científica y la recomendación médica se convierte en un acto de fe.
Este fenómeno no es exclusivo de México, pero en nuestro país adquiere características particulares debido a la desigualdad en el acceso a servicios de salud. Cuando el sistema público es percibido como insuficiente o saturado, los ciudadanos buscan alternativas en el sector privado, donde la calidad es tan variable como el precio.
En ese contexto, los productos milagro encuentran terreno fértil. Prometen lo que el sistema no puede garantizar: soluciones rápidas, efectivas y accesibles. El problema es que, en muchos casos, lo único que ofrecen es un riesgo elevado.
La tragedia de Sonora debería marcar un punto de inflexión. No sólo en términos de sanción penal —que deberá aplicarse con todo el rigor al responsable—, sino en la redefinición de la política sanitaria del país.
Es indispensable fortalecer a la Cofepris, dotarla de mayores recursos, autonomía técnica y capacidad de inspección. Asimismo, se requiere una coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales para evitar que estos casos se repitan en otras entidades.
Pero también es necesario construir una cultura de prevención. La educación en salud debe convertirse en una prioridad. Los ciudadanos deben saber identificar riesgos, cuestionar ofertas demasiado buenas para ser verdad y exigir información clara sobre los tratamientos que reciben.
Porque al final del día, la salud no puede ser un acto de fe ni un negocio sin control. Es un derecho que implica responsabilidades compartidas.
Las ocho personas que murieron en Sonora no sólo fueron víctimas de un médico irresponsable. Fueron víctimas de un sistema que falló en prevenir, en supervisar y en informar. Y mientras esas fallas no se corrijan, el riesgo seguirá latente.
En México, la línea entre la medicina y el engaño sigue siendo demasiado delgada. La tragedia de los llamados “sueros de la muerte” nos recuerda que cruzarla puede costar la vida.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
