El gobierno estatal iniciará una ruta de diálogo con la empresa concesionaria del servicio de agua potable en la capital poblana, luego de documentar irregularidades en su operación. La decisión busca corregir fallas sin detonar un proceso legal prolongado, que podría implicar años de litigio y afectaciones adicionales para los usuarios.
El gobernador Alejandro Armenta sostuvo que la prioridad es garantizar el acceso efectivo al agua como un derecho humano, por lo que se optó por una estrategia que combine revisión técnica, presión institucional y atención directa a las familias afectadas. En ese sentido, advirtió que cualquier acción se apegará a la ley, pero con enfoque social.
Como medida inmediata ante la falta o irregularidad en el suministro, la administración estatal puso en operación 100 pipas para abastecer a zonas con mayor rezago. Este esquema busca contener el impacto en colonias donde el servicio no llega o se presenta de manera intermitente.
El mandatario también recordó que el acceso al agua está respaldado por la Constitución, por lo que llamó a los ayuntamientos a asumir su responsabilidad en la atención del servicio. La coordinación entre niveles de gobierno será clave para enfrentar la problemática de manera integral.
Desde la Secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez informó que se construye un padrón para identificar a los hogares sin acceso o con suministro irregular. Este registro permitirá focalizar apoyos y definir rutas de atención diferenciadas según las condiciones de cada comunidad.
Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que se han detectado fallas en el cumplimiento del plan de inversión, así como desviaciones en estándares operativos y posibles faltas administrativas. Aunque estas anomalías representan montos relevantes, la prioridad, insistió, es corregir el servicio antes que abrir un litigio.
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