El gobierno de Estados Unidos ajustó las restricciones impuestas a CIBanco para permitir transferencias específicas que faciliten su proceso de liquidación en México, en una medida que busca destrabar operaciones financieras clave. La decisión fue anunciada por el Departamento del Tesoro, que mantiene vigente el marco general de sanciones, pero abrió una vía controlada para concluir el cierre ordenado de la institución.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, la modificación autoriza movimientos de recursos que resulten indispensables para cubrir pagos vinculados a la liquidación, bajo supervisión del gobierno mexicano. Este ajuste no elimina las restricciones originales, sino que introduce excepciones puntuales para evitar afectaciones mayores en el proceso administrativo y financiero que enfrenta la entidad.
La medida deriva de la orden emitida en junio de 2025 por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que señaló a CIBanco por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero. A partir de esa resolución, se impuso una prohibición amplia para realizar transferencias hacia o desde la institución, lo que complicó su operatividad y derivó en su salida del sistema financiero.
En este nuevo escenario, las operaciones permitidas estarán condicionadas a la evaluación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), encargado del proceso de liquidación. El organismo deberá determinar qué transacciones son necesarias para concluir el procedimiento, siempre bajo el cumplimiento de la normatividad vigente y evitando contravenir otras disposiciones legales.
CIBanco inició formalmente su proceso de liquidación el 10 de octubre de 2025, en medio de cuestionamientos por la falta de pruebas públicas sobre las acusaciones que motivaron las sanciones. Autoridades mexicanas han sostenido que, pese al caso, el sistema financiero nacional mantiene estabilidad y supervisión, buscando contener posibles efectos de desconfianza en el sector.
El caso también incluyó un frente legal, ya que la institución presentó recursos ante una corte federal en Estados Unidos para impugnar las medidas en su contra, aunque posteriormente retiró la demanda. Con la flexibilización anunciada, el proceso entra en una nueva etapa enfocada en cerrar operaciones de manera ordenada, en medio de un contexto de vigilancia internacional sobre los flujos financieros.
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