Entre limitaciones de espacio, estímulos y libertad, tres menores viven actualmente con sus madres en centros penitenciarios de Puebla al cierre del primer trimestre de 2026. Se trata de una cifra menor frente a los 11 casos registrados en el mismo periodo de 2025; sin embargo, más allá de la reducción numérica, el dato sigue reflejando una problemática que persiste, en la que niñas y niños comienzan sus primeros años de vida en condiciones de encierro y con restricciones que impactan su desarrollo integral.
De acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, los infantes que permanecen junto a sus madres privadas de la libertad son dos niños y una niña. Aunque se garantiza su permanencia con sus progenitoras durante la primera infancia, su vida cotidiana transcurre bajo condiciones distintas a las de otros menores, con acceso limitado a áreas de recreación, convivencia y espacios diseñados para favorecer su desarrollo físico, emocional y social acorde con su edad.
El informe detalla que la menor más pequeña tiene 1 año y 1 mes, seguida por otro de 2 años y 11 meses, y finalmente un niño de 3 años, quien se encuentra en el límite de edad permitido para permanecer dentro de un Centro de Reinserción Social (Cereso). Este umbral marca un punto crítico, ya que implica la inminente separación del menor de su madre y su traslado a otro entorno.
Condiciones y entorno dentro de los centros penitenciarios
En el caso de las madres, la más joven tiene 22 años, mientras que las otras dos cuentan con 38 y 39 años. Este rango de edades da cuenta de la diversidad de perfiles dentro de la población penitenciaria que enfrenta esta condición, así como de las distintas circunstancias sociales, económicas y jurídicas que derivan en que mujeres con hijos pequeños permanezcan en reclusión.
Los menores permanecen en el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán, el primero en su tipo en Puebla, un espacio destinado exclusivamente a mujeres privadas de la libertad y que cuenta con un cupo máximo de 650 internas. En este entorno, la convivencia entre madres e hijos ocurre dentro de un sistema que, aunque contempla su estancia, no siempre dispone de las condiciones óptimas para garantizar una infancia plena.
Según la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), los hijos e hijas de mujeres en reclusión pueden permanecer con ellas hasta los tres años de edad, con el objetivo de proteger el interés superior de la niñez y preservar el vínculo materno durante una etapa clave del desarrollo. Esta disposición busca equilibrar el derecho de las madres con las necesidades de cuidado y apego de los menores.
No obstante, la disminución en el número de menores podría estar relacionada tanto con los procesos jurídicos de las madres como con las condiciones al interior de los centros penitenciarios. Internas han señalado limitaciones en infraestructura, alimentación y condiciones de estancia, factores que inciden directamente en la decisión de mantener o no a los niños dentro de estos espacios.
En este contexto, la reducción en la cifra de la población infantil en los penales no necesariamente implica una mejora en las condiciones de vida. Por el contrario, mantiene vigente una problemática estructural en la que las y los menores siguen desarrollándose bajo restricciones, en un entorno que plantea desafíos importantes para su bienestar y desarrollo integral.
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