La empresa Colorado Ecoterra acumula dos proyectos bloqueados en Puebla durante 2026, luego de que autoridades y pobladores frenaran la instalación de invernaderos en distintos municipios ante señalamientos por la falta de permisos ambientales y posibles riesgos para el agua y la salud en las comunidades.
El caso más reciente ocurrió en la región de Los Fresnos en el municipio de Chapulco, donde habitantes de esta demarcación y de Azumbilla, perteneciente a Nicolás Bravo, lograron la suspensión y desmantelamiento de estructuras agrícolas, tras denunciar que la empresa no contaba con los permisos necesarios para operar, particularmente en materia de uso de agua y regulación ambiental ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La presión social fue determinante para frenar el proyecto luego de que el fin de semana, pobladores realizaron bloqueos en la autopista federal 150 México-Veracruz, una de las principales vías de comunicación de la región, con el objetivo de exigir la cancelación definitiva de las obras. Tras el diálogo con autoridades, se confirmó que la empresa no había tramitado las autorizaciones correspondientes, lo que derivó en la orden de detener actividades.
En este contexto, uno de los hechos más relevantes fue la renuncia voluntaria del edil de Azumbilla, Román Jiménez Cuevas, quien fue señalado por habitantes de la región por presuntamente permitir la instalación de los invernaderos, a pesar de las advertencias sobre los posibles impactos ambientales que podría generar el proyecto.
Este caso se suma al registrado en febrero en la junta auxiliar de San Marcos Necoxtla, en Tehuacán, donde la población logró frenar otro proyecto de la misma empresa, al advertir que representaba un riesgo para los mantos acuíferos de la zona, particularmente para el manantial La Taza, del cual dependen diversas comunidades.
El conflicto en esa región se prolongó por más de un año e incluyó acciones legales por parte de la empresa para continuar con las obras. No obstante, las resoluciones judiciales favorecieron a los habitantes, lo que obligó a la compañía a retirar las estructuras y detener definitivamente sus actividades, en un precedente relevante en la defensa del territorio.
Con el caso de Chapulco, se consolida un patrón en el que los proyectos de Colorado Ecoterra han sido detenidos en un corto periodo, principalmente por la movilización social, bloqueos carreteros y denuncias por irregularidades en permisos, aunque se desconoce si estas acciones derivarán en una restricción más amplia para su operación en el estado, o si se abrirá un proceso de diálogo para regular su presencia en otras regiones.
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