El proceso judicial en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, avanza hacia una nueva etapa tras el cierre de la instrucción por parte del juez Juan Carlos Peinado. El magistrado propuso llevar el caso a juicio con jurado al considerar que existen elementos suficientes para analizar posibles responsabilidades penales, en un expediente que ha generado atención política y mediática en el país.
En este contexto, una de las acusaciones populares, encabezada por Hazte Oír, presentó un escrito en el que solicita una pena de hasta 24 años de prisión para Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Esta petición se suma a otras posiciones dentro del proceso, en el que distintos actores han planteado criterios jurídicos diferenciados.
De acuerdo con el planteamiento de esta organización, los hechos investigados estarían relacionados con actividades desarrolladas a partir de 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. La acusación sostiene que Gómez habría utilizado su entorno cercano al poder para influir en decisiones vinculadas a proyectos académicos y empresariales, lo que constituye el eje de las imputaciones en su contra.
Dentro del mismo procedimiento, también se contemplan responsabilidades para otros involucrados. La acusación solicita 22 años de prisión para la asesora Cristina Álvarez, a quien se le atribuye participación en los hechos investigados, así como seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a presuntos beneficios derivados de esta relación.
Como parte del desarrollo del juicio, se ha planteado la comparecencia de diversos testigos, entre ellos el propio jefe del Ejecutivo. La solicitud de que Pedro Sánchez declare busca esclarecer el contexto de las relaciones y el posible uso de espacios institucionales en los proyectos señalados, lo que podría ampliar el alcance del análisis judicial más allá de los imputados directos.
En paralelo, la organización Manos Limpias, que dio origen a la causa, presentó una solicitud distinta con penas menores. Esta diferencia entre acusaciones refleja posturas divergentes dentro del proceso, que ahora se encamina a una fase clave en la que un tribunal deberá determinar la existencia o no de responsabilidades penales en un caso de alto impacto público.
Foto: Redes
