La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, calificó como “indignante” la falta de actuación oportuna en el caso de Edith Guadalupe Valdés, joven de 21 años víctima de feminicidio tras su desaparición el 15 de abril. La funcionaria confirmó la separación de tres servidores públicos por presuntas omisiones en la investigación inicial.
Durante una conferencia, Alcalde Luján reconoció que la información proporcionada por la familia no fue atendida con la urgencia requerida, pese a que desde el inicio señalaron el inmueble donde la joven fue vista por última vez. “Es indignante que una familia haya señalado con precisión dónde buscar y que no se haya actuado con la inmediatez necesaria”, afirmó.
La fiscal admitió que el caso evidenció fallas estructurales en la procuración de justicia, particularmente una lógica de actuación burocrática que desplazó diligencias clave. “Las investigaciones no pueden ser burocráticas […] se priorizaron actos secundarios en lugar de acudir al punto crítico señalado”, sostuvo.
Omisiones institucionales y responsabilidad administrativa
La Fiscalía detalló que una agente del Ministerio Público omitió incluir en su informe el domicilio clave proporcionado por la madre de la víctima, lo que retrasó las diligencias. Además, dos elementos de la Policía de Investigación no acudieron al lugar señalado, lo que agravó la omisión.
Entre los funcionarios separados se encuentran una agente del Ministerio Público y dos policías de investigación, uno de ellos también señalado por presuntos actos de corrupción. Las autoridades subrayaron que se garantizará el debido proceso para determinar responsabilidades administrativas o penales.
Alcalde Luján insistió en que la institución no fabricará culpables: “Esta Fiscalía no va a fabricar culpables […] se actuó con elementos sólidos”, dijo en referencia a la detención del principal sospechoso.
Reconstrucción del caso: evidencia y tiempos críticos
De acuerdo con la investigación, Edith ingresó al inmueble ubicado en avenida Revolución 829 alrededor de las 16:16 horas del 15 de abril. Minutos después, el sistema de videovigilancia fue desconectado desde la caseta de vigilancia, espacio bajo control del guardia ahora detenido.
Peritajes indican que la agresión ocurrió dentro de ese lapso, y que el cuerpo fue manipulado en el mismo sitio. Se localizaron manchas de sangre y señales de limpieza incompleta, así como un objeto punzocortante —compatible con un desarmador— que habría sido utilizado en el ataque.
Además, la Fiscalía documentó que la inspección del inmueble se realizó hasta 15 horas después de la denuncia, lo que fue reconocido como una omisión grave que pudo afectar el curso de la investigación.
Indicios, encubrimiento y detención
Las autoridades encontraron pertenencias de la víctima dentro del inmueble, incluyendo su cartera, celular y objetos personales ocultos, así como prendas con manchas hemáticas. También se detectaron nuevos cortes en el sistema de cámaras durante la madrugada, lo que refuerza la hipótesis de manipulación deliberada para ocultar evidencia.
El detenido presentaba lesiones compatibles con una confrontación, lo que, junto con los indicios periciales, permitió obtener una orden de aprehensión por feminicidio.
Investigación paralela y enfoque de género
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por posible trata de personas, tras denuncias difundidas en redes sociales sobre supuestas ofertas laborales en el inmueble. No obstante, Alcalde Luján aclaró que hasta el momento no hay evidencia que confirme que Edith acudió por una entrevista de trabajo, aunque la línea se investiga.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el caso no quedará impune y respaldó las acciones de la Fiscalía. También anunció el reforzamiento de mecanismos de վերահ supervisión institucional, especialmente en casos de desaparición.
“No se permitirá encubrir irregularidades […] las personas responsables deberán enfrentar las consecuencias”, afirmó.
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Fotografía: Redes
