La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, reconoció ante el Senado de la República que en México la cifra negra de algunos delitos supera el 95%, lo que refleja un profundo déficit de denuncia y confianza ciudadana en el sistema de procuración de justicia.
Durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, avalado por la Comisión de Justicia, Godoy sostuvo que el diagnóstico institucional debe partir de la autocrítica. “Tenemos una cifra negra muy alta… por múltiples razones la gente no acude a la Fiscalía”, afirmó. También señaló que el maltrato y la burocracia en agencias ministeriales desincentivan las denuncias: “Donde van a las Fiscalías, los maltratan y los hacen esperar”.
El plan plantea como prioridad el combate a la extorsión mediante atención inmediata, inteligencia operativa y coordinación interinstitucional, con el objetivo de desarticular estructuras criminales. Asimismo, propone un Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia, enfocado en el uso de ciencia y tecnología para fortalecer las indagatorias y construir casos sólidos.
Ante legisladores, Godoy se comprometió a transformar la relación entre la Fiscalía y las víctimas. “Vamos a hacer todo lo posible por resolver el caso… pero primero tiene que haber un buen trato”, aseguró. En ese sentido, prometió una institución más cercana: “Nunca más habrá una Fiscalía lejana, ausente o insensible a las necesidades de justicia del pueblo”.
La estrategia también contempla colaboración con los tres órdenes de gobierno sin sesgos partidistas, en el marco de una reestructuración iniciada en diciembre de 2025. Este proceso se articula en seis ejes: coordinación con el Gabinete de Seguridad, fortalecimiento territorial de fiscalías, nuevo modelo de investigación, reingeniería interna, modernización de la Agencia de Investigación Criminal y priorización de delitos de alto impacto.
Godoy asumió la titularidad de la FGR tras ser electa por el Senado con amplia mayoría, luego de una trayectoria que incluyó su paso por la fiscalía capitalina y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
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