Las empresas establecidas en Puebla que no cumplan con la obligación del pago de utilidades a sus trabajadores durante 2026 podrían enfrentar sanciones económicas significativas, las cuales podrían alcanzar hasta los 586 mil pesos, advirtió el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP). Esta disposición forma parte de las medidas de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales en el estado.
De acuerdo con el organismo, el calendario fiscal establece que el plazo para las personas morales vence el 30 de mayo, mientras que para las personas físicas el límite se extiende hasta el 29 de junio. En caso de que los empleadores no cumplan con esta obligación en tiempo y forma, los trabajadores cuentan con la posibilidad de presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes para hacer valer su derecho.
En conferencia de prensa, Rosa Huepa Onofre, vicepresidenta de Desarrollo Profesional Continuo del CCPEP, explicó que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) constituye un derecho laboral fundamental, del cual pueden beneficiarse los empleados siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Este mecanismo busca reconocer la contribución de los trabajadores en el desempeño económico de las empresas.
El cálculo del monto correspondiente al reparto de utilidades se realiza tomando como base los días laborados durante el año fiscal, así como el salario percibido por cada trabajador. Este esquema permite que la distribución sea proporcional y equitativa, reflejando de manera más justa la participación individual dentro de la actividad productiva de la empresa.
En ese sentido, la especialista subrayó la importancia de que los empleadores respeten estrictamente los plazos establecidos por la ley, ya que el incumplimiento de esta obligación puede derivar en consecuencias económicas más severas. En este caso, las multas oscilan entre 250 y 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa aproximadamente un rango de 29 mil 327.5 a 586 mil 550 pesos.
Asimismo, detalló que el incumplimiento en el pago de salarios y utilidades concentra cerca del 70 por ciento de las quejas que recibe la Secretaría del Trabajo, a través del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL). Este mecanismo ha facilitado la presentación de denuncias de manera anónima, lo que ha contribuido al incremento en el registro de reportes por parte de los trabajadores.
Finalmente, Rosa Huepa reiteró que el reparto de utilidades no solo es una obligación legal para los empleadores, sino también un derecho irrenunciable para los trabajadores. En ese sentido, enfatizó que su cumplimiento debe entenderse como un compromiso básico dentro de las relaciones laborales formales, fundamental para mantener el equilibrio entre ambas partes.
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