En medio de una creciente tensión política y jurídica, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció su separación temporal del cargo tras la controversia generada por una solicitud de detención provisional emitida desde Estados Unidos que lo involucra junto a otros funcionarios.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal explicó que su decisión busca no entorpecer las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR). Subrayó que su licencia es un acto de responsabilidad institucional y una muestra de respeto al marco legal mexicano.
Rocha Moya rechazó tajantemente los señalamientos en su contra, calificándolos como infundados y con intenciones políticas. En su posicionamiento, aseguró que su trayectoria pública respalda su integridad y sostuvo que enfrentará cualquier proceso con firmeza. También enfatizó que no permitirá que su situación sea utilizada para desacreditar al movimiento político al que pertenece.
Previo a este anuncio, la FGR informó que, hasta el momento, no existen elementos suficientes que justifiquen la solicitud de detención con fines de extradición promovida por autoridades estadounidenses. No obstante, confirmó que se mantiene abierta una investigación conforme a la legislación nacional, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores gestiona la obtención de pruebas y documentación para esclarecer el caso.
El impacto político de esta situación se extendió también al ámbito municipal. En Culiacán, el entonces alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó igualmente licencia temporal tras ser mencionado en el mismo contexto internacional.
En respuesta, el cabildo local designó de manera unánime a Ana Miriam Ramos Villareal, quien se desempeñaba como síndica procuradora, como alcaldesa interina de la capital sinaloense, garantizando así la continuidad administrativa en el municipio.
Este episodio abre un nuevo capítulo en la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de cooperación judicial, mientras se espera que en los próximos días se definan posibles acciones legales y políticas derivadas de las investigaciones en curso.
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