Luisa María Alcalde Luján inició su etapa como consejera jurídica de la Presidencia con dos asuntos de alto peso político e institucional: la solicitud de Estados Unidos relacionada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el análisis sobre una posible modificación al calendario de la elección judicial. Ambos temas fueron abordados durante la conferencia mañanera de este lunes, donde la funcionaria explicó los criterios legales que seguirá el gobierno federal.
Sobre el caso de Rocha Moya, Alcalde informó que la solicitud de detención presentada por el gobierno estadounidense no incluyó elementos suficientes para justificar la urgencia del procedimiento. De acuerdo con lo expuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió una opinión a la Fiscalía General de la República, instancia que determinó que la petición no estaba debidamente sustentada y que hacía falta información adicional.
La consejera jurídica explicó que, en este tipo de procesos, si se acredita la urgencia, la FGR puede acudir ante un juez de control para que valore las pruebas y determine si procede una detención provisional, prisión preventiva u otra medida cautelar. En este caso, la autoridad mexicana consideró necesario solicitar más datos al país requirente, además de preservar la confidencialidad para proteger el debido proceso.
Bajo análisis posible aplazamiento de la elección judicial
En otro tema, Alcalde Luján informó que una de sus primeras tareas por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum será revisar la viabilidad de mantener la elección del Poder Judicial en 2027 o plantear una reforma para posponerla hasta 2028. La funcionaria señaló que este análisis será atendido de manera prioritaria por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
De acuerdo con su explicación, el gobierno federal revisará si existen condiciones legales, operativas e institucionales para sostener el calendario vigente o si resulta conveniente atender las recomendaciones de distintos sectores, incluidas autoridades electorales, que han planteado la posibilidad de aplazar el proceso. La decisión dependerá de una opinión jurídica que será entregada a la presidenta.
Con ambos posicionamientos, Alcalde perfiló el papel que tendrá la Consejería Jurídica en temas sensibles para el gobierno federal: por un lado, revisar solicitudes internacionales bajo criterios de legalidad y debido proceso; por otro, analizar posibles ajustes constitucionales en torno al Poder Judicial. Su llegada al cargo ocurre en medio de decisiones clave para la relación bilateral y la reforma judicial.
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