En Puebla se ha documentado un nuevo caso de presunta usurpación de funciones en el sector veterinario, donde Alejandro López Contreras es señalado no solo por ejercer sin la acreditación profesional correspondiente, sino también por denuncias relacionadas con posibles actos de maltrato animal dentro de su consultorio.
El caso fue denunciado mediante un video difundido en redes sociales por la creadora de contenido Alma Gutiérrez, quien presentó material audiovisual en el que se exhiben presuntas pruebas sobre las acciones atribuidas al sujeto, quien tiene un consultorio identificado como “Cáncer”, ubicado en la calle 21 Poniente número 1921, local 7, en el Barrio de Santiago.
En la grabación, la influencer muestra recetas médicas presuntamente expedidas por el hombre, en las que aparece una cédula profesional con el folio 1886665 que, de acuerdo con la denuncia, está siendo utilizada de forma irregular.
Al revisar el Registro Nacional de Profesionistas, se expone que dicha cédula no corresponde al área veterinaria, sino al ámbito de la Contaduría Pública, además de estar registrada a nombre de otra persona.
Se trata de María Silvia Torres Arriaga, originaria de Nuevo León, quien cuenta con formación como licenciada en Contaduría Pública y Auditoría, por lo que el uso de sus datos profesionales habría sido realizado sin su consentimiento, lo que apunta a una posible suplantación de identidad profesional.
Asimismo, Alma Gutiérrez mostró videos en los que se observa cómo el falso veterinario golpea a los animales que atiende en su consultorio, particularmente perros y gatos, lo que generó indignación entre los usuarios de redes sociales.
En los comentarios del video original, varios usuarios aseguran haber tenido experiencias negativas con el señalado. Una persona afirma que su gato murió dos días después de haber sido esterilizado en el consultorio, mientras que otros señalan que el supuesto veterinario mantiene una actitud grosera con los clientes y sus mascotas.
Hasta el momento, no se ha confirmado si existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) o ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), instancias que regulan y vigilan la emisión de recetas médicas y posibles irregularidades en el ejercicio de la medicina veterinaria.
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