El exjuez Juan Fernando Alvarado López fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la administración de justicia, luego de ser señalado por presuntamente otorgar beneficios irregulares al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La resolución fue dictada dentro de la causa penal 45/2026 por el juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa.
El caso se relaciona con las medidas cautelares que Alvarado López, entonces titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, habría concedido a favor del exmandatario tamaulipeco en el contexto de investigaciones por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dichas determinaciones fueron posteriormente cuestionadas por posibles irregularidades, al considerar que pudieron beneficiar de manera indebida al exgobernador en procesos judiciales y políticos.
Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta señalamientos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de hidrocarburos y extorsión, además de una causa penal iniciada dentro del expediente 51/2024, radicado en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. Las investigaciones también han incluido presuntas triangulaciones financieras y recursos cuyo origen no habría sido aclarado.
La actuación del exjuez fue denunciada en mayo de 2025 por legisladores de Morena, quienes acusaron una presunta red de jueces y magistrados que habría favorecido al exgobernador de Tamaulipas. El diputado Sergio Gutiérrez Luna señaló que Alvarado López habría otorgado un amparo que permitió a García Cabeza de Vaca avanzar en una candidatura, pese a resoluciones previas del Tribunal Electoral que iban en sentido contrario.
Tras esa denuncia, el Consejo de la Judicatura suspendió al juez, mientras legisladores pidieron resolver su separación definitiva del cargo y ampliar las investigaciones contra otros posibles operadores judiciales. También solicitaron a la Fiscalía General de la República actuar sin demoras para esclarecer si existieron decisiones judiciales orientadas a proteger al exgobernador y garantizar impunidad en los procesos abiertos en su contra.
El caso se suma al revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a García Cabeza de Vaca al validar una orden de aprehensión en su contra. El exgobernador, quien gobernó Tamaulipas de 2016 a 2022, permanece en Estados Unidos y cuenta con doble nacionalidad, mientras las autoridades mexicanas mantienen abiertas investigaciones por presuntos delitos financieros y vínculos con actividades ilícitas.
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