La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución judicial definitiva que permite al Estado mexicano quedarse con una residencia valuada en más de 51 millones de pesos, propiedad del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
La determinación del tribunal colegiado representa un avance en uno de los principales frentes patrimoniales derivados de las investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex.
De acuerdo con la FGR, el inmueble ubicado en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, fue adquirido con recursos de procedencia ilícita vinculados con la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.
Lozoya fue acusado de operaciones con recursos de origen ilícito y fraude en la adquisición de esa planta a Alonso Ancira. Asimismo, fue señalado por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht a cambio de asignar contratos de obra pública con sobreprecio.
En un comunicado, la FGR informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil confirmó la procedencia de la acción de extinción de dominio, al considerar acreditado el origen ilícito de los recursos utilizados para adquirir la propiedad.
El litigio se prolongó durante casi cinco años. Aunque en una primera instancia judicial se desechó la acción, la fiscalía impugnó esa resolución y obtuvo finalmente una sentencia definitiva favorable.
La resolución fortalece la estrategia del Estado para recuperar bienes presuntamente obtenidos mediante actos de corrupción y reafirma el uso de instrumentos jurídicos para resarcir el daño al patrimonio público.
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