La organización Human Rights Watch (HRW) lanzó una dura crítica al nuevo plan fiscal impulsado por el presidente Donald Trump y aprobado ayer por el Senado de Estados Unidos, al advertir que extiende exenciones tributarias para las familias más ricas a costa de recortes en salud y programas sociales esenciales:
“El plan privaría a millones de personas de su cobertura médica y perjudicaría derechos fundamentales de muchas otras maneras”.
La propuesta legislativa, respaldada por una estrecha mayoría republicana, regresó ahora a la Cámara de Representantes, que deberá votarla antes del 4 de julio para remitirla a la firma del mandatario.
Matt McConnell, investigador de justicia económica y derechos en HRW, calificó la medida como “espantosa”, al considerar que obliga a “la gente común a pagar con su salud por exenciones fiscales para millonarios”. Subrayó que Estados Unidos necesita un sistema que garantice el derecho humano a la salud, así como un presupuesto que lo respalde.
El controvertido proyecto, al que Trump ha llamado “el gran y hermoso proyecto de ley”, contempla la extensión de los recortes fiscales aprobados durante su primer mandato (2017-2021), un incremento del gasto en defensa y control migratorio, y restricciones más severas al gasto público.
A pesar de contar con mayoría republicana en el Senado, tres senadores del propio partido votaron en contra, sumándose a la oposición demócrata y de tres independientes. La medida fue finalmente aprobada con una ajustada votación de 51-50, gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance, en medio de un proceso legislativo de más de 24 horas que evidenció divisiones internas en el Partido Republicano.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el plan aumentaría la deuda pública en 3,3 billones de dólares durante la próxima década, cifra superior a los 2,4 billones estimados en la versión anterior avalada por la Cámara Baja en mayo.
El debate en torno al plan fiscal de Trump se intensifica mientras organizaciones defensoras de derechos humanos advierten de sus consecuencias sociales y la oposición política insiste en que profundiza la desigualdad económica en el país.
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