La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una condena judicial cuestionada por su falta de imparcialidad y presuntas motivaciones políticas. Mientras los grandes medios omiten los elementos críticos del proceso, juristas y organizaciones denuncian que se trata de un caso emblemático de guerra jurídica (lawfare), estrategia que se ha utilizado en América Latina para neutralizar liderazgos progresistas.
Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Argentina y figura destacada del garantismo penal, fue contundente al calificar el fallo como “una decisión política, no judicial”. Según él, los magistrados firmaron una resolución redactada por secretarios, sin análisis técnico y obedeciendo a presiones externas. “Esto no es justicia, es pura política”, afirmó en entrevista.
Zaffaroni inscribe el caso de Cristina dentro de un patrón regional que incluye a Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales: procesos sin pruebas sólidas, sentencias con frases vacías y fiscales sin argumentos jurídicos sólidos. Es, asegura, una forma sistemática de persecución disfrazada de legalidad.
El abogado Marcelo Maisonnave, del Observatório Lawfare, señala que el fallo de la Corte Suprema fue emitido en menos de dos meses, sin analizar a fondo los recursos interpuestos. «Pesaron las presiones mediáticas y de los poderes económicos, tanto nacionales como internacionales», advierte. Además, los jueces tenían vínculos con Mauricio Macri, opositor directo del kirchnerismo.
Uno de esos jueces, Julián Ercolini, estuvo implicado en una polémica reunión en la estancia patagónica del magnate Joe Lewis, junto a directivos del Grupo Clarín y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, conocido como el escándalo de Lago Escondido, alimentó las sospechas de colusión entre justicia, medios y poder político.
El fallo de la Corte Suprema se basó en acusaciones de corrupción relacionadas con obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz. Sin embargo, los peritajes oficiales no encontraron sobreprecios ni subejecución de obras, y la Corte de Santa Cruz ya había desestimado las irregularidades en un fallo anterior. Aun así, el caso fue reabierto en tribunales federales, violando el principio de “non bis in idem” (no juzgar dos veces por el mismo hecho).
Maisonnave también denunció que solo se permitieron peritajes en 5 de los 51 proyectos cuestionados. Además, se aceptó como perito oficial a un ingeniero con posturas públicas en contra de CFK, lo que compromete la imparcialidad. Pese a ello, los peritajes contables coincidieron en que no hubo irregularidades.
En Brasil, organizaciones como Lawfare Nunca Mais, AJD y ABJD condenaron la sentencia y denunciaron vínculos entre jueces y el expresidente Macri. Advirtieron que este tipo de procesos judiciales desconocen derechos fundamentales y buscan inhabilitar políticamente a figuras progresistas. La maniobra, afirman, atenta contra la democracia y la separación de poderes.
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Fotografía: Emmanuel Fernandez
