La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobierno de Estados Unidos ha rechazado en al menos 36 ocasiones solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición, bajo el argumento de insuficiencia de pruebas, situación que utilizó para defender la postura de su administración frente al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el debate público sobre la petición estadounidense de detener y extraditar a Rocha Moya y otros nueve políticos ha omitido un elemento esencial: la presentación de evidencias.
“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo. Y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, afirmó.
La presidenta explicó que inicialmente habló de 38 expedientes, aunque posteriormente corrigió la cifra a 36 casos en los que Washington negó la colaboración solicitada por México por considerar insuficientes los elementos probatorios presentados.
En su mensaje, Sheinbaum planteó que la relación entre ambos países debe regirse bajo criterios de reciprocidad jurídica y respeto mutuo, al cuestionar el tratamiento desigual que, desde su perspectiva, podría existir en solicitudes de cooperación judicial.
“Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, señaló, al tiempo que defendió que ninguna decisión debe responder a presiones políticas o mediáticas.
La mandataria instruyó al subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y a la Consejería Jurídica federal a presentar la próxima semana un informe detallado sobre los expedientes rechazados por autoridades estadounidenses, entre ellos casos presuntamente relacionados con el caso Ayotzinapa y el robo de combustibles.
Frente a las críticas de sectores opositores que acusan al gobierno federal de proteger al morenista Rubén Rocha, la presidenta rechazó que exista un trato preferencial y aseguró que actuaría de la misma forma sin importar la afiliación política del implicado.
Asimismo, reiteró que cualquier investigación en territorio nacional debe sustentarse en elementos jurídicos sólidos y dentro del marco constitucional.
“¿Qué estamos pidiendo nosotros? ‘¿Tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas para que la Fiscalía pueda hacer su investigación’. No es una decisión política como lo han querido hacer ver”, sostuvo.
La presidenta insistió en que México no busca tensar la relación bilateral con Estados Unidos, aunque subrayó que la defensa de la soberanía nacional seguirá siendo un eje rector de su administración.
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