El caso de Kilmar Armando Ábrego García, salvadoreño residente en Maryland, ha destapado una grave violación a los derechos humanos y al debido proceso migratorio en Estados Unidos. En marzo de 2025, fue detenido por agentes de ICE y deportado a El Salvador, pese a contar con una orden judicial que desde 2019 le prohibía ser enviado de regreso a su país por riesgo de muerte.
Una vez en territorio salvadoreño, Ábrego fue internado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel impulsada por Nayib Bukele. Allí, según denuncias documentadas en tribunales estadounidenses, fue sometido a tortura sistemática: golpes, privación del sueño, frío extremo, alimentación precaria, amenazas de muerte y condiciones de encierro inhumanas.
«Perdí 32 kilos. Me golpearon con bates, me hicieron arrodillarme durante toda la noche, me dijeron que me iban a meter con pandilleros para que me mataran», declaró en una carta jurada presentada por su esposa.
Tras semanas de tortura, fue trasladado a un penal en Santa Ana como parte de una supuesta mejora de condiciones, pero solo fue una maniobra mediática del gobierno salvadoreño.
El desacato del gobierno de Trump
El 24 de marzo, Jennifer Vásquez Sura, esposa de Ábrego, interpuso una demanda en cortes federales estadounidenses. La jueza Paula Xinis ordenó su repatriación inmediata, declarando ilegal su deportación. Pero el gobierno de Donald Trump incurrió en desacato judicial, apeló la decisión, y fue derrotado en la Corte Suprema.
Pese a esto, Ábrego siguió encarcelado en El Salvador hasta junio, cuando fue finalmente devuelto a Estados Unidos… solo para ser detenido nuevamente, ahora por una acusación menor en Tennessee que su defensa considera fabricada para justificar la deportación original.
CECOT: cárcel símbolo del autoritarismo de Bukele
El CECOT ha sido señalado por organismos internacionales como una de las prisiones más crueles del mundo. La administración Bukele presume su uso como “solución” al crimen organizado, pero múltiples testimonios lo revelan como un espacio de desaparición forzada, castigo sin juicio y prácticas de tortura.
Senadores demócratas, organizaciones sindicales y grupos de derechos humanos en EE.UU. han condenado el caso Ábrego como una alerta sobre la alianza antidemocrática entre Washington y Bukele, donde la “seguridad” se impone a costa de las garantías más básicas.
Un caso que expone la política migratoria autoritaria de EE.UU. y El Salvador
El caso de Kilmar Ábrego no es un error aislado, sino un síntoma de un sistema migratorio cruel, racista y politizado. La complicidad entre el gobierno de Trump y el régimen de Bukele amenaza la vida de miles de migrantes. La justicia debe actuar no solo para reparar este caso, sino para frenar un modelo de castigo que se expande bajo el discurso de la “mano dura”.
