En una controvertida decisión que ha levantado fuertes críticas desde distintos frentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a Coisa, Consultores Industriales, una empresa señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de simular operaciones y emitir facturas falsas en beneficio de Grupo Televisa.
El fallo de la Segunda Sala, aprobado por los ministros Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel, obliga al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a emitir una nueva resolución en favor de Coisa, bajo el argumento de que sí disponía «indirectamente» del personal necesario para justificar los servicios facturados.
La ministra Lenia Batres fue la única en votar en contra, advirtiendo que la Corte está avalando un posible fraude fiscal:
“Se benefician empresas que no tienen empleados, ni muebles, ni contratos, y aun así se les dan ventajas fiscales”.
El origen: facturas sin sustento
El caso se remonta a 2018, cuando el SAT incluyó a Coisa en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal, al comprobar que, en 2014, la empresa había emitido facturas por servicios que no podía prestar: no contaba con oficinas, empleados, infraestructura ni contratos.
De acuerdo con las investigaciones del SAT, Coisa operaba como engranaje de una red de simulación en el interior de Televisa: unas empresas generaban ingresos pero no tenían personal, y otras sí contaban con nómina, pero no relación directa con las operaciones. Las facturas simuladas beneficiaban a áreas clave como apuestas, producción audiovisual, fútbol y televisoras regionales.
En 2019, el SAT ratificó la inexistencia de operaciones, lo que dio lugar a una batalla legal de varios años, hasta que en enero de 2025 la SCJN decidió atraer el caso y finalmente fallar a favor de la empresa fantasma.
El caso no es menor. La resolución de la Corte podría sentar un precedente peligroso: abre la puerta a que otras empresas señaladas por simular operaciones fiscales también se amparen bajo la narrativa de la “coordinación indirecta” del personal. En otras palabras, bastará con presentar papeles —aunque no haya empleados reales— para intentar justificar millones en deducciones.
El beneficio no es sólo legal, sino económico. Las empresas que logran desvirtuar los señalamientos del SAT pueden evitar multas millonarias, devolver impuestos indebidos o incluso limpiar su historial fiscal para continuar contratando con gobiernos o corporativos.
La decisión vuelve a poner en entredicho la relación entre el poder judicial y el poder económico. Coisa fue parte de una trama en la que uno de los grupos mediáticos más poderosos del país resultó beneficiado. En lugar de investigarse a fondo la operación de una red empresarial opaca, se le brinda una salida jurídica que bordea el absurdo: una empresa sin personal ni muebles es considerada capaz de prestar servicios complejos a escala nacional.
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