La dirigencia estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla expresó su respaldo a la iniciativa de reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, cuyo objetivo es evitar la postulación de aspirantes con posibles vínculos con la delincuencia organizada, sin importar el partido político al que pertenezcan.
Esta área estaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) y permitiría a los partidos políticos conocer si una persona aspirante cuenta o no con antecedentes, a fin de determinar si puede ser considerada para una candidatura de cara a las elecciones de 2027.
En conferencia de prensa este lunes 25 de mayo, la líder estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, afirmó que la propuesta contribuiría a dar mayor certeza y credibilidad a los procesos electorales, además de responder a la demanda ciudadana de contar con perfiles más confiables en la vida pública y combatir la infiltración de la delincuencia y la corrupción.
Aunque puntualizó que el mecanismo alcanzaría a todas las estructuras políticas, sostuvo que la medida se alinea con los principios promovidos por la Cuarta Transformación (4T), por lo que consideró pertinente que exista una revisión previa de los perfiles que aspiren a un cargo de elección popular.
“Respaldamos que existan mecanismos institucionales que permitan revisar con responsabilidad los perfiles de quienes aspiren a candidaturas, siempre bajo el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. Desde Puebla acompañamos esta visión”, manifestó.
Por su parte, el vocero del Comité Ejecutivo Estatal, Agustín Guerrero Castillo, señaló que el partido ya realiza revisiones internas sobre los antecedentes de sus perfiles previo a cada proceso electoral. No obstante, consideró que un mecanismo operado por el INE permitiría reforzar esos filtros, ya que anteriormente no existía una herramienta adicional de verificación.
Explicó que el mecanismo permitiría al órgano electoral acceder a información del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el fin de identificar posibles incumplimientos legales de quienes busquen una candidatura y, en su caso, iniciar investigaciones.
La iniciativa aún se encuentra en fase de análisis en el Congreso de la Unión, donde deberá ser discutida y dictaminada en comisiones para su eventual aprobación y, posteriormente, votada en el pleno de ambas cámaras legislativas. En caso de ser avalada, pasaría a su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.
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